El Ministerio de Relaciones Exteriores solicitó este viernes no otorgar medidas cautelares al suspendido alcalde de Medellín, Daniel Quintero. A través de un concepto entregado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), esa cartera se reafirmó en su respaldo a la Procuraduría General de la Nación y sostuvo que el mandatario local ha gozado de garantías en el proceso en el que está inmerso.
Tal como se conoció el pasado martes 31 de mayo, ese organismo había solicitado al Estado colombiano un concepto en medio de la investigación que adelanta por la suspensión del alcalde, quien fue apartado de su cargo el pasado 10 de mayo por su presunta participación en política en favor de Gustavo Petro.
A través de una carta enviada a la Cancillería, la Comisión había solicitado “informar sobre el esquema de seguridad con el que contaría” Quintero y “precisar detalles sobre las acciones adoptadas en torno a la medida de suspensión aplicada” en su contra.
En la reunión de este viernes, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez se mantuvo en que la Procuraduría tendría plena potestad para disciplinar a los servidores públicos, incluyendo a quienes fueron electos por voto popular.
Refiriéndose a que Quintero también fue suspendido junto a otros cuatro funcionarios por las mismas razones, la Cancillería planteó que no habría una persecución por motivos políticos.
Así mismo, se planteó que el otorgamiento de medidas cautelares en su favor podría debilitar los trabajos de control a los funcionarios públicos.
“La Delegación de Colombia hizo énfasis en que la promoción de la garantía de los derechos políticos, en la cual el Estado colombiano ha estado siempre comprometido, no puede significar el debilitamiento del diseño institucional, ni del marco jurídico existente en el país y en la región, para adelantar el control eficaz y transparente a la función pública, como condición esencial para garantizar la solidez democrática y el consiguiente respeto y promoción de los derechos humanos”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado de prensa.
Así mismo, esa cartera se refirió a las amenazas de seguridad denunciadas por Quintero ante la CIDH, señalando que el mandatario cuenta “con uno de los esquemas de protección personal de mayor nivel asignados por la UNP” y ha gozado de garantías para ejercer su cargo.
La respuesta de la Cancillería se produce luego de que el alcalde de Medellín acudiera a las oficinas de la CIDH en Washington denunciando una supuesta persecución en su contra y pidiendo medidas para dejar sin efectos la decisión de la Procuraduría.
“Acá lo importante en todo caso es entender que la función de control disciplinario que tiene la Procuraduría es una función que el Estado necesita. No es solamente si los funcionarios cometen un delito penal, las faltas disciplinarias también son graves y la Procuraduría debe poder investigar a cualquier funcionario en cualquier momento”, había planteado la vicepresidenta Ramírez esta semana.
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