Tras renunciar a su curul como Senador de la República, el proceso penal contra Richard Alfonso Aguilar Villa, por los presuntos hechos de corrupción cuando fungió como gobernador de Santander para el periodo 2012 - 2015, pasará a manos de la Fiscalía General, que ahora deberá evaluar si acusa o no ante la Corte Suprema de Justicia al exmandatario departamental. Lea: Richard Aguilar renuncia a su curul en el Senado
Según varios expertos penalistas, contrario a lo sucedido con el caso del expresidente Álvaro Uribe, quien renunció a su curul como Senador para que su proceso penal pasara a manos de la Fiscalía y no continuara siendo procesado por la Corte Suprema, la situación jurídica de Aguilar Villa es diferente toda vez que los hechos punibles por los que es investigado fueron cometidos cuando fungía como Gobernador de Santander, y a los mandatarios departamentales también los juzga la Corte Suprema de Justicia.
“Al renunciar se pierde el fuero, porque el delito no tiene nada que ver con el cargo o las funciones de Senador. Esos cargos se sustentan en hechos de corrupción siendo Gobernador. Tras su renuncia, el asunto pasa a un fiscal delegado ante la Corte que lo acusará ante la Sala de Juzgamiento de primera instancia de la Corte Suprema. Sea lo que sea el proceso siempre llegará la sala de juzgamiento de primera instancia por su fuero como Gobernador”, explicó el abogado Miguel Ángel Pedraza.
Con su renuncia al Senado, el proceso penal contra Aguilar Villa ya no continuará bajo la línea del sistema penal acusatorio de la Ley 600, sino por la Ley 906, del actual sistema de acusación oral. Lea: Las razones de la corte para solicitar la captura del senador Richard Aguilar
Para el abogado Rodrigo Parada, con la renuncia a su curul como congresista, la defensa de Aguilar Villa podrá inmediatamente solicitar el levantamiento de la medida preventiva de privación de la libertad que le impuso la Corte Suprema al exsenador de Cambio Radical.
“En estricto sentido debería correr la misma suerte que en el caso de Uribe y es que como no hay acto procesal acusable en la Ley 906, se levantó la medida privativa de la libertad en contra de Uribe hasta tanto la Fiscalía, que ahora es la que asume la investigación del caso, definiera la situación jurídica del expresidente. Lo mismo debería suceder en el caso Aguilar. Sin embargo, habrá que esperar a que la Corte se pronuncie”, consideró Parada.
Orden de la Corte
Luego de varios meses de recopilación de material probatorio y tras escuchar a por lo menos 33 testigos, incluida la versión del propio Aguilar Villa, que el pasado 10 de junio rindió indagatoria ante el alto tribunal, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema determinó el pasado martes dictar medida privativa de la libertad del Senador de la República, por considerar que representaba un peligro para la investigación que se adelanta a en su contra.
“La providencia fue adoptada en desarrollo de la investigación por supuestas irregularidades en varios contratos suscritos entre 2014 y 2015, cuando Aguilar Villa se desempeñaba como gobernador del departamento de Santander. Hechos que también lo involucran con una posible concertación para delinquir y en los cuales al parecer abusó del poder que ostentaba y vulneró los principios de economía, planeación, transparencia y selección objetiva, fruto de lo cual se habría apropiado –para sí y para otros– de dineros públicos”, señala la Corte.
Millonarios direccionamientos
Según la investigación de la Sala de Instrucción, en la celebración de por lo menos cuatro contratos de infraestructura que se adjudicaron y desarrollaron bajo su administración, el entonces gobernador de Santander, Richard Aguilar, habría ordenado a algunos funcionarios de la administración departamental favorecer y entregar esos contratos a ciertas personas o consorcios previamente señalados por él.
Aguilar Villa está bajo la lupa de la Corte Suprema, debido a las declaraciones entregadas por la pareja de esposos Claudia Toledo y Lenin Pardo (exsecretaria de Infraestructura departamental y excontratista de la Gobernación), quienes señalan al hoy Senador de Cambio Radical de haber ordenado el direccionamiento de los contratos de obras e interventoría para el reforzamiento del estadio Alfonso López de Bucaramanga, por valor de $23 mil millones; la adjudicación del Corredor vial San Gil - Charalá – Límites, contrato por más de $185 mil millones, y en el corredor vial Agroforestal por $147 mil millones, así como las obras del Tercer Carril entre Bucaramanga y Floridablanca, por valor de $113 mil millones. Contratos que suman cerca de $500 mil millones.
Ante esta situación, la Corte señaló al exsenador Aguilar por su presunta participación en los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación.
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