Una investigación de más de 60 meses tuvo como resultado la captura de la junta directiva de las tiendas Tierra Santa, conformada por seis ciudadanos libaneses nacionalizados en Colombia y de otros siete ciudadanos que actuarían bajo el papel de representantes legales de empresas fachada dedicabas a hacer exportaciones ficticias. En el operativo también cayeron siete personas más para un total de 20 capturas.
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Tierra Santa, esta sociedad financiera ficticia, facilitaba multimillonarias operaciones de lavado de activos a través del contrabando de ropa y accesorios. La Unidad de Información y Análisis financiero ya había advertido a la Fiscalía de 68 operaciones sospechosas que estarían vinculadas al lavado de activos, el contrabando y el enriquecimiento ilícito.
Precisamente, esta cadena de almacenes ha estado envuelta en varios operativos por la DIAN por no registrar información ni declarar importaciones.
En este proceso, la Fiscalía, la Policía Nacional y la Dijín lograron establecer que la junta directiva contrataba trabajadores sin vida crediticia para hacerlos representantes legales y poder cerrar el ciclo de las millonarias operaciones de lavado de activos.
Empresas ficticias simulaban importaciones
Varias de sus empresas ficticias fueron empleadas para simular importaciones desde China, India, Singapur, Hong Kong y Panamá hacia Colombia. En este sentido, la investigación puso al descubierto que el dinero obtenido era enviado a través de transferencias bancarias a la República Libanesa.
Por ejemplo, una de ellas empezó en 2014 con un capital de 200 millones de pesos y en el mismo año generó ingresos brutos por más de 7.000 millones de pesos. En 3 años logró mover en efectivo la suma de 10.943.999.000, y todo esto sin reportarlo en las declaraciones de renta ante la DIAN.
Además, se pudo establecer que esta misma empresa desvió dineros para el pago de contrabando dejando por fuera el pago de impuestos por más de 1 millón de dólares.
La investigación llegó tan lejos que permitió establecer, que siendo esta empresa proveedora de telas y accesorios de ropa, exportó cerca de 1.5 millones de dólares en chatarra ferrosa, la cual no tiene ninguna relación con el objeto social de la compañía.
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Tierra Santa facturaba con precios minúsculos
Los pequeños empresarios y distribuidores de ropa al detal en Colombia fueron los más afectados por dejarlos sin margen de maniobra y sin ganancias porque Tierra Santa facturaba con precios minúsculos, al punto de que un pantalón costaba 1.700 pesos y una camiseta 672 pesos.
Según el mayor general Henry Armando Sanabria Cely, director general de la Policía Nacional, “esta operación es importante teniendo en cuenta que con la acción criminal de la organización se afectaban las finanzas del Estado y la economía del país. 17 departamentos tenían la presencia de esta organización delincuencial y con el apoyo de la comunidad logramos este importante resultado”.
La investigación culminó con la aplicación de medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 1.110 bienes muebles e inmuebles avaluados comercialmente en más de 1.2 billones de pesos. Además, los capturados podrían enfrentar condenas de 10 a 30 años de cárcel.
Los capturados son:
Ahmad Ibrahim Gebara, Bilal Gebara Karameddin, Khaled Ahmed Gebara Karameddin, Fayez Jebara Llach, Samir Jebara Llach, Khaled Saleh Sati, Hassan Feris Karameddine Mohmoud, Fayez Jbara, Eduardo Enrique Mejía Leguia, Jebara Abedal Mugden, Jamil Omais Birani, María Carolina Rodríguez Olivares, Arnaldo Villa Santana, Leonardo Antonio Bastidas Jalk, Yasaldes Joel Altamar Rojas, Orlando de Jesús Torres Sarmiento, Manuel Ignacio Villabón López, Fray José López De La Cruz, Elías José Yamhure Daccarett y Fabio León Álvarez Franco.
Los procesados deberán responder en juicio como presuntos responsables de los delitos de lavado de activos agravado, contrabando agravado, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir agravado.
Los bienes están ubicados en Barranquilla, Malambo, Soledad, Galapa (Atlántico); Apartadó, Caucasia (Antioquia); Magangué, Cartagena, Carmen de Bolívar, San Juan Nepomuceno (Bolívar); Arauca (Arauca); Palmira, Buenaventura, Cali, (Valle del Cauca); Ipiales, Pasto, Tumaco (Nariño); Neiva, Pitalito, (Huila); Popayán (Cauca); Plato, Fundación, Ciénaga, Santa Marta (Magdalena); Maicao (Guajira); Montelíbano, Sahagún, Montería, Lorica (Córdoba); Valledupar y Aguachica (Cesar); Calamar (Guaviare); San Marcos (Sucre); Ocaña (Norte de Santander); Yopal (Casanare) y Floridablanca (Santander).
Los bienes afectados serán entregados por la Fiscalía General de la Nación a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.
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