Frente a frente y a pocos metros de distancia víctimas y victimarios se encontraron en Ocaña, Norte de Santander, en el primer acto de reconocimiento hecho por la JEP en los procesos que adelanta por violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado en el país.
Por un lado estaban más de 30 víctimas vestidas con camisetas negras con el mensaje: “¿quién dio la orden?”. Del otro, 10 exmilitares y un civil que empezaron a reconocer su responsabilidad en 120 ‘Falsos Positivos’ que ocurrieron en Catatumbo, Norte de Santander.
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La diligencia, que marca un hito para la paz en Colombia, inició con la presentación de las víctimas, comparecientes y abogados, entre otros y ha tenido una dinámica de 30 minutos de intervención para las víctimas y 20 para los comparecientes.
¿Qué reconocieron los militares?
El antiguo comandante de la Brigada Móvil 15 entre 2006 y diciembre de 2007, el excoronel Santiago Herrera Fajardo, aceptó su responsabilidad en los ‘falsos positivos’ que ocurrieron en Catatumbo y describió la manera como presionó a sus subalternos para que estos hechos ocurrieran.
“Reconozco que mientras ejercí ese cargo operó al interior de la Brigada una estructura criminal de facto. Este lamentable acto criminal fue conformándose por algunos de los miembros de la Unidad Militar bajo mi mando, a medida que yo iba presionando a mis subalternos para que obtuvieran resultados en términos de bajas en combate a como diera lugar”, dijo Herrera Fajardo.
Esta presión de resultados, según el excoronel Fajardo, se dio en respuesta a la dinámica de guerra que estaba establecida al mando del general Mario Montoya y del Comando de la Segunda División, al mando del mayor general Carlos Ovidio Saavedra.
La finalidad de la presión de resultados, de acuerdo al excoronel Fajardo, tenía como objetivo incrementar las estadísticas en términos de muertes en combate. “De esa forma, los militares que decidieron conectar a las nefastas prácticas de esta estructura criminal cometieron homicidio de civiles inocentes y en situación de indefensión (...) y fue motivada a partir de mis presiones y motivaciones”.
Esta política de presión de resultados la realizaba el excoronel mediante programas radiales, comunicaciones individuales, competencia entre unidades por el mayor número de resultados, amenazas de anotaciones negativas en el folio de vida por falta de gestión y deficientes resultados operacionales a los comandantes del Batallón de Contraguerrillas, permisos y viajes, planes de bienestar, comisiones al exterior, cursos de piloto y aviación.
Santiago Herrera Fajardo, excoronel.
El excoronel Rubén Darío Castro, también comandante de la Brigada Móvil 15, pero entre 2006 y 2008, confirmó lo dicho por el excoronel Herrera Fajardo, con relación a que dentro de la Brigada existía una estructura criminal. “No denuncié, ni investigué y fue creada con el único fin de incrementar los resultados operacionales, con una exigencia que no era sino la de bajas en combate a como diera lugar, esto con base en las políticas del comandante del Ejército”.
El excomandante agregó que esta banda criminal se mantuvo, bajo su mando, porque continuó con la exigencia de pedir resultados operacionales a como diera lugar y siempre representadas como bajas en combate.
“Reconozco que por mi exigencia y por exigirle a mis subalternos, en estos resultados fueron asesinadas personas que nada tenían que ver con el conflicto armado, personas que eran campesinas y trabajadores del Catatumbo, como también jóvenes que fueron trasladados de otros lugares a esta región, para ser presentados como muertos en combate”, dijo el excomandante.
Agregó que firmó documentos sin verificar de la forma como se cometían los ‘falsos positivos’, como también, por falta de control, permitió que se pagarán dineros de fondos reservados sin ejercer ningún tipo de supervisión.
El suboficial retirado Néstor Guillermo Gutiérrez, cabo primero durante la época y excomandante de escuadra en la Brigada Móvil 15, también aceptó su responsabilidad en los ‘falsos positivos’ que ocurrieron en Catatumbo.
“Reconozco mi responsabilidad. No voy a justificar lo que hice, porque cometí delitos. Asesinamos personas inocentes, campesinos”, dijo Néstor Guillermo Gutiérrez.
En su declaración, el exmilitar explicó además que estas ejecuciones extrajudiciales se dieron producto de una presión constante de resultados, y contó cómo ejecutó una operación de este tipo en la que fallecieron varios civiles.
Según su relato, llegó a un burdel y elaboró una lista de personas con nombres que la administradora le dio. “Los grupos de guerrilla no los encontrábamos, pero había que dar los resultados”.
Esta lista, explicó, tenía registradas a unas 15 personas, las cuales asesinaron, siendo campesinos de la región y luego maquinaron un teatro para mostrar un supuesto combate. “Yo en ese momento no pensaba en el daño que estaba haciendo, en ese momento no medía las consecuencias (...) Yo ejecuté, asesiné familiares de los que están acá, llevándolos con mentiras, con engaños. Disparándoles, asesinándolos cruelmente y poniéndoles un arma para decir que era un combate, que eran guerrilleros, y manchar el nombre de esa familia, destruirla, dejar unos hijos sin padre, dejar unos padres sin hijos”, dijo el exmilitar mirando fijamente a las víctimas.
Durante esta diligencia, el mayor Juan Carlos Chaparro Chaparro, excomandante del Batallón de Infantería No. 15 ‘General Francisco de Paula Santander’ (BISAN), también reconoció su responsabilidad en los ‘falsos positivos’ que ocurrieron en Catatumbo. Con la voz entrecortada, resaltó que “mancille el nombre de ellos (...) Inclusive con voz fuerte les decía que los familiares de ellos estaban en alguna estructura, siendo esto falso, siempre acompañando lo que los subalternos en su momento hicieron y dándole fe a ellos, de que lo que estaban haciendo estaba bien”.
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El militar retirado agregó que él hizo toda la documentación de las bajas que reportaban los militares sobre las operaciones. “Trasnochábamos haciendo documentación, cambiando documentación, borrando documentación, y siempre después de que ya todo estaba bien, mancillando el nombre de sus familiares, tildándolos de lo que no eran”, dijo.
Otro militar que reconoció sus actos fue Daladier Rivera Jácome, capitán (r) del Ejército, quien dijo que varias de las armas que se les colocaban a las víctimas para hacerlas ver como guerrilleros, se obtuvieron de una caleta que él mismo encontró en 2016, “las cuales se enviaban de los comandantes para que se desarrollaran las operaciones falsas y los falsos positivos”.
En el marco de su declaración, ocurrió un momento emotivo: el exmilitar le pidió a Villamir Rodríguez, una víctima sobreviviente que estuvo preso, que se pusiera de pie y le pidió perdón. “Yo elaboré unos falsos documentos de inteligencia, los cuales puse a disposición de la Fiscalía, unos desmovilizados que obtuvieron una dádiva se sentaron a declarar para que estuviera detenido”.
Otro de los militares que reconoció su responsabilidad fue el exsargento segundo del Ejército, Rafael Antonio Urbano, quien habló de manera virtual y pidió perdón por haber participado “en este complot contra este joven que era padre, buen hijo y buen esposo”.
Dijo que, a este joven, llamado Luis Antonio Sánchez Guerrero, lo sacaron con mentiras e hicieron que se les presentara para una carrera, porque él era mototaxista, lo sacaron del pueblo y lo asesinaron.
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La respuesta de las víctimas
Una de las víctimas que intervino en esta diligencia de reconocimiento fue Eduvina Becerra, quien con un tono fuerte preguntó por qué no se identificó el Ejército Nacional en ese entonces para que no hubieran más crímenes, porque se tuvo que hacer un escándalo público. “¿Qué hubiera pasado si ese escándalo no se hubiera hecho? ¿Hubiéramos tenido que esperar otras 6.402 víctimas más?, no eso debía de haber sido así”.
En su intervención le pidió a los comparecientes limpiar el nombre de sus familiares, que lleven ese honor que eran campesinos, trabajadores, no como los tildaron de guerrilleros, de subversivos, de matones, queremos que hoy digan que no eran ningunos combatientes.
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Por último dijo que aún falta mucho para que se sepa la verdad de los ‘Falsos Positivos’ “No más crímenes, no más sangre, no más dolor, no más llantos, no más dolor, no más tristeza, no más robo de cariño a nuestros hijos, madres y padres, queremos que esta audiencia sea para no más repetición, queremos la paz”.
Bajo esta misma línea, Sandra Barbosa, otra de las víctimas, exigió que saquen a sus familiares del concepto de que eran guerrilleros “¿Porqué no mataron la gente que estaba en combate en los cerros no campesinos de manos humildes, hoy necesitamos que nos limpien el nombre de nuestros familiares, uno por uno”
Hallazgos de la JEP
En la zona del Catatumbo (Norte de Santander), el patrón criminal de las ejecuciones extrajudiciales tuvo dos modalidades que se distinguen por el perfil de las víctimas. En ellas participaron miembros de la Brigada Móvil 15 y el Batallón de Infantería No. 15 ‘General Francisco de Paula Santander’.
La JEP estableció que lo ocurrido en Catatumbo no se trató de hechos aislados o de una repetición accidental. Los crímenes tenían las mismas características y una misma finalidad, responder a la presión por bajas a como diera lugar y así satisfacer el indicador oficial del éxito militar.
La sala estableció que los 120 asesinatos y las desapariciones forzadas que fueron identificadas en el Catatumbo respondieron a un mismo patrón macro criminal, que tuvo dos modalidades.
Mucho antes de que las madres de Soacha emprendieran su búsqueda en 2008, en Catatumbo fueron asesinados hombres entre 25 y 35 años habitantes de áreas rurales, en su mayoría comerciantes, transportadores informales y agricultores. Estas víctimas eran señaladas de pertenecer a grupos ilegales y fueron seleccionadas a partir de procesos irregulares de inteligencia.
Esta modalidad se extendió hasta el 5 de noviembre de 2007, cuando la Defensoría del Pueblo denunció que civiles de la zona fueron asesinados y pasados como bajas en combate.
Esta modalidad consistió, según la JEP, en que miembros del Ejército se confabularon con terceros civiles para que ubicaran, engañaran y reclutaran a jóvenes de otros municipios y ciudades del país, todo con el fin de llevarlos hasta el Catatumbo para que militares pudieran asesinarlos y engrosar las cifras de bajas en combate.
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