No ha parado el rifirrafe del fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa y el presidente Gustavo Petro, quienes en las últimas horas han tenido una serie de intercambios de declaraciones que han generado polémica en el país.
En la tarde de este viernes, desde las instalaciones principales de la Fiscalía, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, anunció que sacará a su familia del país por motivos de seguridad. “Esto no es un juego, esto no es un mecanismo que pueda tomarse a la ligera. Gustavo Petro no es el jefe de la oposición en un país, es el jefe de Estado”, contó el fiscal Barbosa en la rueda de prensa. Lea también: Sigue el rifirrafe: fiscal Barbosa acusó a Petro de ser un “dictador”
Teme por su familia
Estas palabras fueron dichas en medio de un tenso ambiente en el que el presidente y el fiscal hablaron sobre sus diferencias públicamente por cuenta de la celeridad en investigaciones que lleva el ente acusador, pedida por el presidente; y la separación de poderes en el poder público en la que insisten la Corte Suprema de Justicia y Barbosa, luego de que Petro dijo desde España que es su jefe.
En entrevista para el medio nacional El Tiempo, este viernes el jefe del ente acusador reiteró que tras la polémica, teme por lo que le pase a él y a su familia, decisión por la cual los sacará del país en los próximos días.
A la par “iré a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a solicitar medidas cautelares en protección de mi vida y la de mi familia, y la de la señora vicefiscal, Martha Mancera, porque no existen garantías para el ejercicio de nuestros cargos en Colombia, conforme lo expresado por el presidente de la República diciendo que está asumiendo la jefatura de la Fiscalía, diciendo que está por encima de la Rama Judicial del poder público, o que es jefe del fiscal general”, comentó Francisco Barbosa.
En la rueda de prensa, el fiscal también aprovechó hablar de otros aspectos. “En este país han asesinado a colombianos como Luis Carlos Galán, Rodrigo Lara y tantos otros que fueron declarados como crímenes de Estado, en los que diversos gobiernos han tenido que participar en la reparación a sus víctimas. Y eso se ha producido por cuenta de acciones estatales”.