Colombia


JEP cuestionó al Gobierno por la seguridad de los firmantes en el Meta

Desde la firma del Acuerdo de Paz se han presentado al menos 28 homicidios y cuatro amenazas en el departamento del Meta, de un total de 278 excombatientes asesinados en todo el país.

COLPRENSA

21 de julio de 2021 10:45 PM

Este miércoles, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) realizó una audiencia territorial en Villavicencio (Meta), por la grave situación de seguridad que enfrentan los excombatientes y ahora comparecientes de las FARC en el departamento del Meta. En esta reflejó su preocupación por la falta de garantías que el gobierno está brindando en este tema.

La situación de seguridad para los comparecientes es muy preocupante, según el magistrado Alejandro Ramelli, pues desde la firma del Acuerdo de Paz, se han presentado al menos 28 homicidios y cuatro amenazas en el departamento del Meta, de un total de 278 excombatientes asesinados en todo el país.

De estos asesinatos, según la JEP, 25 personas solicitaron medidas de protección y fueron víctimas de homicidio, 11 de los cuales se encontraban en estudio de riesgo “y hoy en día el número sigue aumentando, lo que refleja que a pesar de los esfuerzos del estado hay una incapacidad para seguir cumpliendo con las responsabilidades a su cargo”, añadió la Jurisdicción.

Con relación a la situación que afrontan hoy en día los comparecientes en el Meta, la JEP dijo que la mayoría de los asesinatos en contra de esta población corresponden a hechos ejecutados por las ‘Disidencias de las Farc’ de alias ‘Gentil Duarte’, que actúan bajo el nombre de Bloque Jorge Briceño y operan a través del frente primero, séptimo y 40.

Estos frentes operan principalmente, según la JEP en la mitad inferior del país, en donde sus acciones se centran en un 44% en la Macarena y en la Uribe en un 15%.

También añadió la Jurisdicción que se han presentado múltiples casos de desplazamiento y amenazas, que los han obligado a migrar a las ciudades. Al igual que el desmejoramiento de sus condiciones de vida y pocas oportunidades laborales.

Por esta razón la JEP cuestionó las garantías de seguridad que ofrecen las autoridades a los excombatientes. entre ellas el papel de la Unidad Nacional de Protección “que no está respondiendo para proteger a los comparecientes”.

Agregó la JEP que la última alerta temprana que emitió la Defensoría, con relación a este tema, es del año pasado, pero los asesinatos contra excombatientes corresponden al último periodo.

A la audiencia, además del gobernador del departamento y los alcaldes de Vista Hermosa, Mesetas y La Uribe, fueron convocados: el consejero presidencial para la Estabilización, los comandantes de la IV División del Ejército y el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, el jefe de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (UNIPEP), la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y el director de la Agencia Nacional de Reincorporación.