La historia del Santo Oficio en Cartagena de Indias no se escribe únicamente a través de la rigidez de sus dogmas, sino desde la fascinante y paradójica vida de la curandera y bruja Paula de Eguiluz. Quizás por la viva alegría que producía su llegada a sanar a los enfermos, se le conocía con el apodo de Aleluya. De origen dominicano se convirtió en la figura central que desmitificó el terror inquisitorial, transformándose en el síntoma vivo de un tribunal rendido ante sus rezos y pócimas y el sofocante calor del Caribe.
Nacida esclavizada en Santo Domingo en 1592, Paula fue adquirida a los veinte años por Joan de Eguiluz, un próspero minero establecido en Cuba, de quien tomó su apellido y con quien tuvo tres hijos. Reconocida como “negra horra” tras obtener su libertad, su vida dio un giro dramático cuando fue acusada de brujería y arrestada en la isla, señalada de presuntamente haber asesinado a un recién nacido y bebido su sangre.
Su calvario judicial inició en 1623. Tras ser deportada, fue remitida al Tribunal de Cartagena, donde recibió su primera condena por brujería en 1624. Ocho años más tarde enfrentó un segundo proceso por persistir en sus artes curativas y, tras un tercer juicio, fue sentenciada a prisión perpetua. Su monumental recorrido legal quedó sepultado en un grueso expediente de 822 páginas que hoy es una mina de oro para comprender la cotidianidad colonial.
Actualmente, la figura de Paula experimenta un redescubrimiento literario. En la Feria del Libro de Málaga, el historiador Vicente Puchades Ferrer presentó su riguroso estudio ‘La Inquisición contra Paula de Eguiluz’. Simultáneamente, el mercado editorial colombiano ha revivido su legado mediante las novelas históricas de Marco T. Robayo (’Aleluya’) y Fabio Martínez (’Paula de Eguiluz, la curandera de Cartagena de Indias’). Este fenómeno responde al magnetismo de una mujer que supo desafiar las estructuras de poder de su tiempo.
A pesar de su condición de rea, la reclusión de Paula distaba enormemente del sufrimiento de un calabozo común. El inventario de sus pertenencias provistas por el minero, revelaban un ajuar de auténtica opulencia: hebillas de plata, finas sedas, sayas de damasco y prendas adornadas con hilos de oro. Sus habilidades terapéuticas gozaban de un prestigio tan enorme entre las élites que los jueces le otorgaban permisos especiales para abandonar la cárcel de penitencia y atender a los enfermos de la ciudad.
Cuando Paula cruzaba las puertas del presidio, lo hacía sin el humillante sambenito obligatorio. Salía ataviada con una elegante mantilla bordada en oro y era transportada en silla de manos, un privilegio reservado exclusivamente para las damas de la élite colonial. Los ingresos que obtenía mediante estas prácticas eran tan elevados que, en un acto de solidaridad, distribuía parte de sus ganancias entre sus compañeras de celda.
Esta escandalosa debilidad institucional quedó al descubierto cuando el inquisidor apostólico Pedro de Medina Rico llegó desde España para realizar una rigurosa auditoría. La sorpresa del visitador se transformó en absoluta indignación al comprobar que Paula seguía ejerciendo activamente el “arte del bien querer”, mediante ensalmos, bendiciones y brebajes, pese a que tiempo atrás las autoridades habían desarticulado un sonado aquelarre en Tolú, en el que habría participado junto a Elena de Viloria. Desconcertado por la complicidad local, Medina Rico plasmó su vehemente denuncia en un informe remitido al Consejo de la Suprema: “Y lo que peor es que lo ha hecho a ciencia y paciencia de los inquisidores... quedándose muchas noches y días en casa de los enfermos. Y los mismos inquisidores a veces se han curado con ella”. El reporte añadía que el propio obispo, Don Fray Cristóbal de Lazarraga, la hospedó en su residencia por más de veinte días para que lo sanara, eximiéndola del hábito de penitente.
Esta complicidad revela que la Inquisición de Cartagena, instituida en 1610 bajo el liderazgo de Juan de Mañozca, operó con una asombrosa tolerancia si se le compara con las severas plazas de Lima o México. Aunque el tribunal desplegó la fastuosa escenografía del barroco español en sus autos de fe —como aquel de 1626, cuyos entablados fueron diseñados por el director de la Fortificaciones de Cartagena, ingeniero Cristóbal de Roda Antonelli—, las cifras locales desmitifican el terror extremo. En dos siglos, la sede cartagenera realizó doce autos de fe y ejecutó la pena capital en apenas seis casos, un marcado contraste frente a las decenas de ajusticiados en México y Lima, o los miles en Europa.
La historiografía del Santo Oficio suele oscilar entre la objetividad y el ataque difamatorio, pero el análisis histórico, como bien señalaba Fernando Ayllón en su libro ‘El Tribunal de la Inquisición’, exige comprender los hechos en su propia coyuntura. En Cartagena, la rigidez dogmática capituló frente al pragmatismo cotidiano y el abrasador calor que agobiaba a los magistrados. El propio Mañozca confesaba que el rigor de la temperatura hacía que el sudor borrara lo escrito y los mantuviera “rendidos al mal”, obligándolos a despachar en ropas menores.
En este escenario de calores asfixiantes e institucional, el pragmatismo se impuso sobre la ortodoxia. Las crónicas demuestran cómo las necesidades del cuerpo y la fe popular lograron minar los muros de la severidad religiosa.
En conclusión, las revelaciones de Medina Rico ponen de manifiesto cómo el tribunal cartagenero terminó cediendo ante el prestigio y los conocimientos curativos de una de las mujeres acusadas de brujería más célebres de la provincia. El caso de Paula de Eguiluz, lejos de constituir una anomalía aislada, refleja las contradicciones del poder colonial y la influencia que llegó a ejercer una mujer extraordinaria, cuyos saberes fueron requeridos incluso por quienes la habían condenado. Una historia en la que el rigor de las leyes y los dogmas religiosos terminó enfrentándose a los saberes de la medicina popular y a las particularidades de un Caribe marcado por una canícula implacable.
