El alto consejero presidencial para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana, Francisco José Lloreda, explicó que por iniciativa directa del presidente Juan Manuel Santos se tomarán medidas para combatir los índices de hurto en el país.
La idea, explicó el alto consejero, es reducir el beneficio económico que obtienen las personas dedicadas al hurto y posterior venta de teléfonos móviles.
Desde hace tres meses que el Gobierno empezó a trabajar en esta iniciativa, se hicieron reuniones con las compañías operadoras y se acordaron cinco medidas al respecto: La primera es convertir en un delito la manipulación y reprogramación de los equipos celulares.
A esta medida se le sumará un agravante en el caso de que quienes lleven a cabo esa labor, sean parte de redes de delincuencia.
La segunda es que los operadores se comprometan a elaborar una base de datos de celulares robados y otra de móviles legales. Asimismo, se debe incentivar la denuncia de los robos, tanto en usuarios pospago como en prepago. La tercera medida tiene que ver con implementar restricciones de carácter tecnológico, para que los celulares queden inservibles una vez sean reportados como robados.
La cuarta es reforzar el trabajo de la policía para desmantelar las bandas de robos de celulares, y la quinta es establecer alianzas con operadores de otros países para que los celulares robados que son enviados, no funcionen en esas plataformas.
