Desde ayer tres nuevos sectores de la economía colombiana están obligados a facturar electrónicamente en Colombia: Explotación de minas y canteras, Información y comunicaciones y Otras actividades y servicios.
Esos sectores se suman a los grandes contribuyentes que lo vienen haciendo desde hace varios meses de manera obligatoria. En esa lista también están empresas de otros sectores que asumieron, de manera voluntaria y anticipada, la adopción del sistema.
Mario José Márquez Olier, el Gerente de Factura Electrónica de la DIAN, recordó que el proceso de factura electrónica en el país tiene una nueva resolución que salió el 5 de mayo (Resolución 0042). En esa resolución se incluyeron todos los sectores económicos que entran a la factura electrónica desde el 15 de junio hasta 1 de noviembre.
A la fecha en el nuevo sistema de factura electrónica que está desde el año pasado ya hay cerca de 120 mil empresas facturando. Allí están los grandes contribuyentes (3.500 en total, pero que hacen el 70% de la economía y tienen mayores ventas) y otros anticipados, donde han entrado de todos los sectores. Pequeños, grandes e independientes.
Márquez Olier reconoció que este nuevo calendario debió entrar a finales de marzo o comienzos de abril, pero sin duda la pandemia atrasó su aplicación.
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“Cuando empezó la pandemia se recibían 2 millones de facturas electrónicas diarias y en abril se bajó a 1 millón. A la fecha ya estamos en 1,8 millones de facturas /día, se nota una reactivación con la apertura gradual de la economía”, precisó el funcionario de la DIAN.
Para la adopción de la factura electrónica los obligados tienen tres caminos para implementar el sistema: uno, la solución gratuita de la DIAN, que a la fecha la usan unas 20 mil empresas. Dos, desarrollar su propio software de factura electrónica; y tres, recurrir a uno de los 87 proveedores tecnológicos avalados.
A partir del 1 de julio deberán facturar electrónicamente las industrias alimenticias, de bebidas, de textiles y desinfección. También compañías de bienes domésticos, calzado, ferreterías y farmacéuticas.
Desde el 4 de agosto las actividades de arquitectura, ingeniería, diseño, publicidad, atención la salud humana y asistencia social, actividades de administración empresarial, consultoría, gestión jurídica.
Para el 1 de septiembre entran administración pública y defensa, compañía de alimentos, bebidas, víveres, jabón y papelería; distribuidores minoristas de combustibles, lubricantes y aditivos, entre otros.