El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) presentó ante el Senado su concepto sobre la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), que pretende la descentralización de los recursos estatales.
La entidad declaró que el proyecto es inviable fiscalmente, porque excedería el monto máximo de la deuda establecido por la ley, además dijo que tendrían que buscarse mecanismos como reformas tributarias adicionales para financiarla. Lea también: Reforma tributaria: los 3 pilares con los que el Gobierno sostiene el proyecto
El sustento hecho por la presidente del CARF, Astrid Martínez, detalla que el Gobierno ya tiene un reto significativo para el cumplimiento fiscal de 2024, sumado a los temores por el bajo recaudo tributario, y las presiones del Presupuesto General de la Nación para 2025.
“La programación del gasto 2024 y 2025 está al límite del espacio permitido por la Regla Fiscal, sin dejar espacio para reaccionar ante choques externos o internos. Esta posición implica riesgos, que se acentúan dado que más de 83% del gasto del Gobierno Nacional es inflexible”, detalló el CARF.
El gran problema estaría en el mediano plazo, pues estaría en riesgo la sostenibilidad fiscal, ya que la iniciativa propone incrementar las transferencias a las entidades territoriales hasta 46,5% de los ingresos corrientes en 2036.
“Se comprometería el financiamiento sostenido de las funciones esenciales del Estado que son competencia del Gobierno Nacional, como defensa e infraestructura”, alertó el CARF.
Esto también generaría un mayor esfuerzo para poder financiar esos recursos. El cálculo es que se tendrían que recaudar, en promedio, lo de tres reformas tributarias, solamente para fondear los incrementos adicionales de las transferencias del SGP, sin dejarle espacio a la inversión pública.
“El limitado espacio que hoy tiene la inversión pública podría reducirse a cero y aun así, no sería suficiente para compensar el aumento en el gasto de transferencias del SGP”, sentenció la entidad.
Para el comité, el aumento de las transferencias para la próxima década no tiene “base objetiva”, y no está tomando en cuenta las inflexibilidades del Presupuesto General de la Nación, ni analiza las obligaciones que tiene el Gobierno.
Además, la propuesta, según el CARF, la propuesta no tendría un análisis técnico sobre las capacidades territoriales y las necesidades de financiación de los sectores que serían financiados, así como tampoco tiene en cuenta de donde saldrían los recursos para financiar temas de educación, salud y saneamiento básico.