Cinco días después que el Gobierno nacional, a través del Ministerio del Trabajo, revelara la expedición del Decreto 415 de 2026 (fechado el 20 de abril) que ordena el traslado de $25 billones de los fondos de pensiones privados o Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), generando toda una tormenta al interior de estas entidades y posiciones enfrentadas ante los voceros oficiales, especialmente Mintrabajo y Colpensiones; la polémica no cesa y el punto central del debate ahora es la legalidad de la norma que autoriza ese traslado.
Mientras subsista la suspensión de los efectos integrales de la Reforma Pensional, Ley 2381 de 2024, ordenados por la Corte Constitucional, no es jurídicamente válido aplicar de manera fragmentada la reforma, ni tampoco anticipar por vía reglamentaria la implementación de la misma".
Profesor Diego Valdivieso, del Departamento de Derecho Laboral de la Universidad Javeriana.
La decisión del Gobierno involucra los recursos de 119.632 colombianos, que tras la aprobación de la reforma pensional, permitió que hombres con hasta 900 semanas cotizadas o mujeres con 700 semanas y menos de 10 años para llegar a la edad de pensión, pudieran cambiarse de régimen (del privado a Colpensiones o viceversa). (Lea aquí: El proyecto que evitaría la quiebra de arroceros de San Pablo (Marialabaja))
En virtud de esa medida, cerca de 120 mil colombianos optaron por pasarse de la AFP a Colpensiones y esa decisión de los cotizantes es el principal argumento del Gobierno nacional para justificar el traslado de los 25 billones de pesos.
“La gente se retiró de los fondos privados de pensiones y se pasó a Colpensiones, y cuando uno se traslada, se traslada con sus dineros”, resumió el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán Calderón.
Pero en medio de la polémica hay varios hechos que los analistas no pierden de vista. Uno, la reforma pensional está en revisión en la Corte Constitucional, que debe definir su constitucionalidad o no. Es decir, la ley que dio pie a esa reforma no está en firme. Dos, con la reforma se crea el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, que será administrado por el Banco de la República y al no estar formalmente creado, desde las AFP se indica que los recursos deberán quedarse bajo su administración.
Para algunos analistas, el decreto del Gobierno estaría legislando sobre un asunto que la Corte aún no ha definido.
En medio de esta controversia, El Universal consultó a voceros de las partes involucradas y el concepto de un catedrático de la Universidad Javeriana, da luces sobre la legalidad o no del citado decreto.
Contrario al criterio de Dussán, Andrés Mauricio Velasco, presidente de Asofondos, el gremio de las administradoras de fondos de pensiones y cesantía, sostiene que “Ese decreto dice, muy claramente, que cuando no se hubiere creado el Fondo Ahorro del Pilar Contributivo, los recursos deberán seguir siendo administrados por las administradoras de fondos pensiones. La razón de ese decreto es que extiende en la vocación de la ley, y la ley era clara en la vocación de ahorro de esos recurso”.
Esta la posición de Asofondos
El presidente de Asofondos, Andrés Mauricio Velásco, señala que “las instrucciones del decreto por supuesto tendremos que entenderlas muy bien, pero es muy importante dejar muy claro que la vocación de los fondos de pensiones es el afiliado, es proteger los recursos de la Nación que garantiza las pensiones hacia el futuro y por supuesto nosotros cumpliremos con todo el deber fiduciario que nos impone pues este compromiso con los colombianos en la lectura de este decreto, que dicho sea de paso es un decreto que ha sido criticado por su falta de claridad legal por la Contraloría y por el Banco de la República.
Lo primero que quiero decir es que la motivación de que se necesiten recursos para pagar esas pensiones a nosotros nos parece que es inválida, porque la población trasladada, utilizando el mismo marco que no se ha pensionado, son cercade 100 mil personas que están cotizando hoy en día a Colpensiones, cotizan y cotizan recursos que anualmente superan y sobran para pagar las pensiones de aquellos que ya están pensionados. Entonces, ese argumento de que se necesitan recursos para pagar esas pensiones, a nosotros nos parece inválido en la medida en que Colpensiones está recibiendo, incluso, más recursos de los que necesita para pagar esas pensiones. Con respecto a la legalidad, un par de reflexiones: Ese decreto dice muy claramente que cuando no se hubiere creado el Fondo Ahorro del Pilar Contributivo, los recursos deberán seguir siendo administrados por las administradoras de fondos pensiones. La razón de ese decreto es que extiende en la vocación de la ley y la ley era clara en la vocación de ahorro de esos recursos. Para nosotros, dado que la reforma está suspendida, la capacidad reglamentaria sobre qué hacer con esos recursos está dentro de ese marco de suspensión".
Esta es la lectura de Protección
Juan David Correa Solorzano, presidente de Protección, señaló que “La postura ha sido clara, inclusive, desde que esto era un proyecto, porque ha sido advertido por parte de nosotros y por parte del Banco de la República y por parte de la Contraloría, que lo que está pretendiendo no corresponde a lo que está establecido en el proyecto de reforma pensional que está en curso.
Entonces, pretender trasladar estos 25 billones de pesos a Colpensiones, pues está alejado de lo que está establecido y por supuesto no podemos estar ni mucho menos de acuerdo, porque nuestro principal deber fiduciario es proteger los recursos de los colombianos y por supuesto cumplir la ley.
Así que nos oponemos de manera directa a la expedición de esto y buscaremos todos los pronunciamientos de las entidades de la justicia y todos los pronunciamientos de los reguladores y de todas las entidades que deben oponerse de igual manera e instruirnos alrededor de cómo cumplir un decreto como el que estamos observando y ha sido expedido por el Gobierno nacional".
Para Correa Solórzano, de aplicarse ese decreto, “ello no le conviene a los afiliados ni a nosotros. Nuestro principal objetivo es generar valor y proteger los recursos de los colombianos. En consecuencia, más que lo que sucede a los fondos de pensiones, es lo que tenemos que hacer para cumplir con nuestro propósito y nuestra diligencia en el cuidado de estos recursos.
Lo que hemos abierto es una solicitud de aclaración porque obviamente es un decreto que está expedido hoy, que estamos estudiando y que debemos entender en detalle qué es lo que se pretende y en ese orden de ideas lo que estamos buscando es que existan los canales de conversación para efectos de entender, interpretar claramente lo que allí se define y poder actuar en consecuencia como lo hemos venido mencionando.
Con respecto a los recursos, aproximadamente de esos 25 billones de pesos a transferir, 8 billones de pesos corresponden a Protección", reveló.
Un concepto desde el Departamento de Derecho Laboral de la Javeriana
En medio de la polémica por el traslado de 25 billones de pesos, consultamos sobre la legalidad del decreto y esto nos dijo el profesor Diego Valdivieso, del Departamento de Derecho Laboral de la Universidad Javeriana: “Dos aspectos por señalar. En primer lugar, mientras subsista la suspensión de los efectos integrales de la Reforma Pensional, Ley 2381 de 2024, ordenados por la Corte Constitucional, no es jurídicamente válido aplicar de manera fragmentada la reforma, ni tampoco anticipar por vía reglamentaria la implementación de la misma. Lo anterior implica, que no es posible reglamentariamente anticipar los efectos de una norma cuya aplicación está suspendida.
Ahora bien, incluso en el escenario que la reforma llegue a ser aprobada por la Corte Constitucional, el parágrafo del artículo 76, que hace referencia al traslado express, establece que “Los valores contenidos en las cuentas de ahorro individual de las personas que hagan uso de este mecanismo seguirán siendo administradas por las Administradoras de Fondos de Pensiones hasta el momento en que se consolide la pensión integral de vejez o la pensión de vejez del régimen anterior.
Es decir, los traslados que se pueden ordenar son de aquellos que ya consolidan el derecho a la pensión, y no de quienes aún no. En este decreto el Gobierno está ordenando el traslado no sólo de quienes ya cumplen requisitos sino quienes aún no, lo que supone, en mi opinión, un problema que entra incluso en discusión estructural con el mismo texto de la ley de reforma promovida por el Gobierno nacional. En este sentido, la administración fiduciaria de los recursos de quienes acudieron al mecanismo de traslado express, están llamados a seguir administrados por la AFP hasta que se consolide el derecho pensional”.
La postura de Colpensiones
Jaime Dussán, el presidente de Colpensiones, recordó que “el decreto se venía trabajando hace rato en reuniones con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Trabajo y Colpensiones.
Ese decreto se había anunciado a los fondos privados de pensiones en Colombia, porque tenemos una dificultad muy grande. Primera, la Corte Constitucional colombiana ha demorado en definir la postura frente a la legitimidad de la ley 2381, dado que llevamos un tiempo largo, superior a los dos años. Se tenían que tomar decisiones porque quedó vigente el artículo 76 de la Ley 2381 que posibilita el traslado de la gente del RAI (Régimen de Ahorro Individual) a Colpensiones.
En este período se han trasladado más de 119 mil colombianos y colombianas de los fondos privados a Colpensiones y ese número es importante. A 24 mil 800 personas, un poco más, ya las pensionamos y esas personas que pensionamos no han recibido los recursos de los fondos privados de pensiones que me los deben para seguir pagando su pensión, que más o menos significan $5,5 billones. Los restantes, es decir, más de 90 mil, se trasladaron voluntariamente a Colpensiones.
Como no existe fondo en el Banco de la República, como aquí lo dijo el señor gerente del Banco, la Ley 100 que está vigente en su artículo 13 y dice que no puede la gente estar en dos sistemas pensionales. En consecuencia, ese grupo de personas que se pasó a Colpensiones tiene que estar en Colpensiones con sus recursos y esos son el complemento de los 25 billones.
El decreto lo que facilita es que los fondos privados de pensiones le entreguen los recursos a Colpensiones y Colpensiones los va a consignar, por supuesto, en sus cuentas que están autorizadas por la junta directiva de Colpensiones y que van a estar sencillamente en el ahorro hacia el futuro para los déficit que pueda generar el Presupuesto General de la Nación.
Ellos - los fondos privadsos- tienen su preocupación porque el decreto ha dicho que nosotros podemos aceptar los TES (títulos valores) si no tienen los dineros".
Reveló que este lunes, en Bogotá, se realizaría una mesa técnica, convocada por el Superintendente Financiero, de tal manera que clarifiquemos las responsabilidades que tienen en este momento el RAI con los afiliados.
“Yo creo que es que en algún momento la gente tiene que comprender que hay un cambio, hay una transformación real en la sociedad colombiana. Yo estaba escuchando al señor gerente del Banco de la República y parece que olvidará que el presidente de Colombia no se llama Duque, ni Santos, ni Uribe, ni Pastrana, sino Petro. Y hay un cambio de la conducción de la política de Estado. Y si no entiende la conducción de la política de Estado, la gente se queda en los sueños del pasado. Y aquí no hay sueños del pasado, sino iniciativas de futuro y los resultados electorales recientes en el país así lo están reflejando. Sencillamente porque es la decisión mayoritaria de los ciudadanos y ciudadanas que al partido de Gobierno le dieron las mayorías.
¿Pero, qué pasa si se transfieren los $25 billones a Colpensiones y luego la Corte finalmente no falla a favor de la constitucionalidad de la reforma pensional, se devolverían esos recursos?
Para el presidente de Colpensiones, “No se pueden devolver de acuerdo a la Ley 100 que está vigente. Es que la Ley 100 dice en su artículo 13 que la gente no puede estar en dos sistemas. Y si voluntariamente usted se pasa del RAI a Colpensiones, acuérdese que la Ley 100 dijo que se podía trasladar la gente, la gente se podía afiliar a uno u otro fondo y también trasladarse. Además, La Corte Constitucional dejó vigente el artículo 76 hasta el 16 de julio del presente año. Lo que la gente está haciendo es utilizando el artículo vigente para talarse a Colpensiones. La gente se retiró de los fondos privados de pensiones y se pasó a Colpensiones y cuando uno se traslada, se traslada con sus dineros”.
Frente a la realidad de no estar vigente la ley, no hay fondo en el Banco de la República en este momento, Dussán señala: “el decreto lo que dijo es que esos recursos, que son de los afiliados, que ahora son de Colpensiones, los más de 119.000, por supuesto que llegan cargados, es decir, que tienen que llegar con sus platas que entregaron y ahorraron en las cuentas de los fondos privados de pensiones.
Aquí no hay ninguna dificultad, entonces analizan que va a haber crisis económica, y uno se pregunta. ¿Y el resto de los dineros que superan los 500 billones de pesos que están fuera del país colocados en papeles, fuera del territorio nacional, que no se están utilizando para la inversión en infraestructura, por ejemplo el transporte pesado, construcción de vías, el crecimiento industrial y comercial del país, porqué no hacen referencia a esto? Esto es un pelo de un gato comparado con los grandes recursos que tienen los fondos privados de pensiones, que son de los afiliados, y como estos 119 mil ahora son de Colpensiones, los 25 billones de pesos – que son de los afiliados- y de los que estamos hablando, que ya están en Colpensiones".
Desmintió a quienes aseguran que Colpensiones no tiene fondo de inversiones. “Eso es mentira. Sí los tenemos. Y en la fiduciaria de la Previsora nacional. Tenemos inversión en todos los fondos de vejez, los fondos de los BES”, aseguró Dussán. (Lea aquí: “Inaceptable dilación de Corte Constitucional a reforma pensional”: Mintrabajo).