Los precios de transferencia, entendidos como los precios pactados en transacciones entre empresas pertenecientes a una misma organización, han tomado gran relevancia en Colombia.
Especialmente, las empresas que operan en distintos países, y son parte de un mismo grupo económico, tienen la vista puesta en el mes de septiembre. La razón: entre el 7 y el 20 deberán hacer su declaración conforme al último dígito del NIT.
Esta declaración es una respuesta a la necesidad de combatir el fraude y la evasión fiscal, brindando mayor transparencia en las transacciones entre compañías económicamente vinculadas. Lee también: Camacol tendrá dos nuevas ferias inmobiliarias en Estados Unidos.
Una disminución en este tipo de fondos podría comprometer la aprobación y ejecución del presupuesto para 2024. Según Carlos Vargas Alencastre, Líder de TPC Group, “los ingresos obtenidos a partir de la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones de precios de transferencia son esenciales para el financiamiento de los programas y proyectos del Gobierno”.
El Decreto 2487, emitido el 16 de diciembre de 2022, marca las pautas y plazos para estas obligaciones. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) ha establecido que las declaraciones de precios de transferencia del año 2022, así como el Informe Local, se deberán presentar virtualmente entre el 7 y el 20 de septiembre de 2023, de acuerdo al último dígito del NIT.
¿Quiénes están en el punto de mira de esta declaración? Las entidades con un patrimonio bruto al cierre del año fiscal de al menos $3,800,400,000 o ingresos brutos anuales de al menos $2,318,244,000 que estén sujetas a las regulaciones de precios de transferencia.
No atender a esta obligación tiene sus consecuencias. La omisión de presentación de la declaración informativa podría resultar en sanciones del 4% del valor total de las operaciones sujetas al régimen, llegando a un tope de $950,100,000.
Por otro lado, Vargas Alencastre resalta los beneficios de la adhesión a estas normativas, que no solo ofrecen un parámetro de comparación en la industria, sino que también fortalecen la fiscalidad nacional. Lee también: EH2 Caribe, la aliada de las nuevas energías.
El impacto fiscal de estos precios de transferencia es positivo para el país, ya que garantizan que el impuesto sobre las ganancias se pague donde se generan, evitando la reubicación de las mismas a lugares con baja o nula tributación.
En palabras de Vargas Alencastre, los precios de transferencia representan “una herramienta clave para garantizar transacciones equitativas entre empresas relacionadas y contribuir a la justicia fiscal en el contexto internacional”.