La justicia cerró nuevamente una de las vías legales con las que Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, buscaba recuperar su libertad.
El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá negó la solicitud de extinción de la pena y reducción de la condena, presentada bajo los lineamientos de la Ley 2477 de 2025.
Justicia niega beneficios a Epa Colombia y mantiene su condena vigente
La decisión, fechada el 2 de enero y notificada días después, mantiene en firme la pena de 63 meses y 15 días de prisión que la Corte Suprema le impuso en 2021 por los hechos ocurridos en el paro nacional de 2019.
¿Por qué el juez negó la extinción de la pena?
La defensa argumentó que Epa Colombia podía acceder a mecanismos de justicia restaurativa contemplados en la Ley 2477.
Sin embargo, tras analizar el caso, el juzgado concluyó que no se cumplían las condiciones legales para aplicar beneficios de reducción o extinción de la pena.
La condena ya incluye negación de beneficios
La sentencia de la Corte Suprema —que está en firme— ya había definido que Barrera no tenía derecho a:
- Suspensión condicional de la pena
- Prisión domiciliaria
- Sustitución de la pena de cárcel
Esto dejó un margen reducido para que nuevas solicitudes prosperaran.
Los hechos del paro nacional que llevaron a su condena
El caso se remonta al 22 de noviembre de 2019, en pleno paro nacional. Ese día, Barrera grabó y publicó en redes sociales un video donde se le veía causando daños en una estación de TransMilenio en el sur de Bogotá.
El material se convirtió en prueba clave dentro del proceso penal.
Fue condenada por los delitos de:
- Daño en bien ajeno agravado
- Perturbación en el servicio de transporte público
- Instigación a delinquir con fines terroristas
Epa Colombia seguirá en prisión mientras avanza su proceso
Epa Colombia permanece recluida desde el 30 de enero de 2025, cumpliendo la pena impuesta.
Durante este tiempo, su defensa ha intentado diferentes vías jurídicas —tutelas, recursos y solicitudes— sin éxito.
A más de cinco años de los hechos, su caso sigue generando discusión pública sobre los actos de vandalismo contra bienes públicos durante las protestas sociales y el alcance de las condenas impuestas.