El comité judicial de la cámara baja aprobó el jueves un proyecto de ley que autoriza al Departamento de Seguridad Nacional la detención indefinida de inmigrantes que entraron al país sin autorización legal y que enfrentan órdenes de deportación.
El proyecto de ley, titulado en inglés “Mantengamos nuestras comunidades seguras 2011”, permite la detención indefinida de los inmigrantes después de 90 días si su deportación ocurrirá en el futuro cercano, si la persona no coopera para confirmar su verdadera identificación, si padece una enfermedad contagiosa o si su liberación puede afectar a la política exterior o a la seguridad nacional estadounidense.
La medida, presentada por el presidente del comité, el republicano Lamar Smith, también autoriza la detención indefinida si la liberación representa una amenaza para alguna persona y el indocumentado ha sido sentenciado por al menos un crimen agravado o violento, y si tiene propensión a incurrir en violencia.
El proyecto de ley, que fue aprobado 17-14 y debe ser debatido ahora en el pleno de una cámara baja controlada por mayoría republicana, estipula revisiones semestrales para cada caso y concede a la corte federal del distrito de Columbia la autoridad para evaluar las detenciones.
Smith justificó el proyecto de ley debido a que casi 4.000 inmigrantes criminales y peligrosos han sido liberados cada año desde 2008 después de que la Corte Suprema fallara en 2001 que los inmigrantes cuya deportación ha sido ordenada no pueden ser detenidos más de seis meses si no hay una expectativa razonable de ser deportado. Agregó que 134.000 inmigrantes en proceso de deportación fueron liberados entre 2001 y 2004. “Solo porque un inmigrante criminal no puede ser retornado a su país de origen no significa que deban ser liberados en nuestras comunidades. Los inmigrantes que son criminales peligrosos necesitan permanecer detenidos”, dijo.
El director de deportaciones de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), Gary Mead, dijo durante una audiencia celebrada en mayo ante el comité que 22 países no admiten deportados o retrasan considerablemente el proceso. Cuba es el único país de América Latina en la lista, alegando la inexistencia de relaciones diplomáticas.
Zoe Logfren, principal demócrata en el subcomité de inmigración, acusó al proyecto de ley de violar el precepto constitucional de que el debido proceso es derecho de todas las personas que se encuentren dentro de Estados Unidos, sin importar si su presencia es legal, ilegal, temporal o permanente.
El proyecto de ley “no solo viola el artículo fundamental a la libertad individual en la Constitución, pero lo hace a un costo increíble para el contribuyente estadounidense: ICE ya gasta cerca de 2.000 millones de dólares anuales solo en detención”, dijo.
Logfren también criticó que el proyecto de ley autorice, sin controles necesarios, la detención prolongada de personas que solicitan asilo y de residentes permanentes legales con casos apelados antes el Departamento de Seguridad Nacional.