La Comisión Internacional de Verificación es un grupo de seis expertos en conflictos creado en septiembre de 2011 para comprobar el alto el fuego de ETA y que desde entonces mantuvo diversos contactos con la organización pese a no ser reconocida por el gobierno español.
Está presidida por el srilanqués Ram Manikkalingam, director del Dialogue Advisory Group (DAG), profesor en la Universidad de Ámsterdam y exasesor del presidente de Sri Lanka para las negociaciones con los Tigres tamiles.
Junto a él, la integran Ronnie Kasrils, exministro de Inteligencia y viceministro de Defensa de Sudáfrica, y Chris Maccabe, exdirector político de la Oficina británica de Irlanda del Norte y exjefe de Regímenes Penitenciarios de Irlanda del Norte.
Completan el grupo la ecuatoriana Aracelly Santana, jefa adjunta de la misión de Naciones Unidas en Nepal (UNMIN) y exdirectora de la Oficina de las Américas en el departamento de Asuntos Políticos de la ONU.
Y el general indio Satish Nambiar, exvicejefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas de India y excomandante y jefe de misión de la fuerza de protección de Naciones Unidas en la ex Yugoslavia en 1992 y 1993.
Su coordinadora es la holandesa Fleur Ravensbergen, subdirectora del DAG, grupo basado en Amsterdam que "asiste a actores gubernamentales, intergubernamentales y otros para gestionar de forma confidencial esfuerzos de mediación nacionales e internacionales".
La CIV nació el 28 de septiembre de 2011 para verificar el "alto el fuego permanente y de carácter general" que ETA había anunciado el 10 de enero de ese año, precisando que podría ser "verificado por la comunidad internacional".
Fue presentada en un acto en la ciudad vasca de Bilbao, en el norte de España, que contó con la presencia de representantes políticos, sindicales y religiosos de la sociedad vasca.
Cuatro días más tarde, ETA se congratulaba en un comunicado por su creación, que calificó como un "paso importante en el proceso de resolución" del conflicto vasco, y anunció su compromiso a colaborar con los expertos.
Ese mismo mes, ETA anunció "el cese definitivo de su actividad armada".
Sin embargo, el entonces gobierno socialista español, que como el actual ejecutivo conservador siempre aseguró que la comprobación del alto el fuego de ETA sólo podía llevarla a cabo la policía española, nunca reconoció ni entabló ningún contacto con la CIV, como tampoco lo ha hecho el actual gobierno de Mariano Rajoy.
El 4 de mayo de 2012 los expertos anunciaron en Bilbao que "mediante contactos directos con ETA", la CIV había "recibido un mensaje de la organización en el que comunica que está preparada para dialogar sobre una serie de asuntos prácticos relevantes para consolidar el proceso", en una aparente alusión a una entrega de armas que no hizo reaccionar a Madrid.
La Comisión entabló después contactos en Noruega con miembros de ETA, que fracasaron a principios de 2013 en un contexto de bloqueo total.
Sin embargo, retomó los contactos con la organización armada tras una pausa, como mostraron las imágenes divulgadas este viernes en las que se veía a dos de sus miembros encapuchados enseñando una pequeña cantidad de armas y municiones a dos de los expertos, supuestamente antes de su puesta "fuera de uso".
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