La futura presidenta de México, Claudia Sheinbaum, nombró el jueves a otros cuatro integrantes de su próximo gabinete, entre ellos, a la nueva secretaria de Gobernación que será Rosa Icela Rodríguez, la actual titular de la cartera de Seguridad.
La Secretaría de Gobernación es considerada la segunda posición política federal en importancia después de la Presidencia.
Rodríguez, que tuvo una trayectoria profesional inicial como periodista, se convirtió en 2020 en la primera mujer en dirigir la cartera de Seguridad federal, cargo que asumió tras salir de la alcaldía de Ciudad de México donde trabajó junto a Sheinbaum como secretaria de Gobierno. Lea aquí: Netanyahu a Biden: “Israel sólo pondrá fin a la guerra si logra sus objetivos”
Sheinbaum también designó para la Secretaría de Seguridad a Omar García Harfuch, quien fue su mano derecha en esa área cuando ella estuvo al frente de la alcaldía de Ciudad de México entre 2018 y 2023.
El nombramiento de García Harfuch, actual senador electo, no resultó ninguna sorpresa puesto que desde el 11 de junio las versiones sobre su posible designación se intensificaron luego de que apareciera junto a Sheinbaum y el futuro canciller Juan Ramón de la Fuente en una reunión con Liz Sherwood-Randall, asesora del presidente estadounidense, Joe Biden, en materia de seguridad nacional, y del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.
La creciente violencia que padecen vastas regiones de México será uno de los retos que deberá afrontar Sheinbaum al asumir el gobierno el 1 de octubre. Lea aquí: Dos muertos dejó el huracán Beryl tras su paso por Jamaica
Para atender esa problemática, la futura presidenta se ha comprometido a fortalecer y mejorar la formación de las policías que han sufrido un debilitamiento en los últimos años, crear un sistema nacional de inteligencia e investigación en el que participarán las fiscalías. También a impulsar programas sociales destinados a los jóvenes para evitar que sean captados por los delincuentes.
Sheinbaum ha manifestado su apoyo al proyecto de reforma constitucional que permitirá que la Guardia Nacional pase al control de ejército, con lo que ha dejado entrever que seguirá con la política del gobierno saliente de Andrés Manuel López Obrador de que las fuerzas armadas participen en labores de seguridad pública.