La exfiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, ha declarado que su destitución se produjo como resultado de haber emitido una orden de arresto contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales, en el marco de una investigación por trata y tráfico de personas. Esta medida, que involucraba también a otras personas, fue anulada el mismo miércoles 03 de octubre, a través de un recurso legal de acción de libertad en la ciudad de Santa Cruz.
Durante una comparecencia pública ante los medios de comunicación a las afueras de la Fiscalía de Tarija, Gutiérrez señaló que la investigación incluía a una posible víctima menor de edad, lo cual le impide proporcionar más detalles del caso. Lea aquí: Denuncian freno de captura contra Evo Morales por trata de personas
Al respecto, CNN contactó a Evo Morales para obtener su declaración, pero hasta el momento no ha habido respuesta por parte del exmandatario. No obstante, Morales respondió a través de sus redes sociales rechazando las acusaciones y atribuyéndolas a un intento de silenciarlo. “¡No me extraña ni me preocupa! Todos los gobiernos neoliberales, incluido el actual, me amenazaron, me persiguieron, me encarcelaron, intentaron matarme. ¡No tengo miedo! ¡No me callarán!”, escribió Morales en su cuenta de X y Facebook.
Gutiérrez también explicó que su destitución estuvo motivada por la intervención del fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa. Según la exfiscal, Lanchipa había sido informado sobre la investigación de la Fiscalía de Tarija y habría asegurado que otra área especializada se haría cargo del caso.
Tras pedirle que renunciara al cargo y ante la negativa de Gutiérrez a dimitir, se ordenó su destitución. “Teníamos un mandamiento de aprehensión contra el señor Juan Evo Morales Ayma, teníamos aprehensión también hacia otras personas, lo han dejado sin efecto, absolutamente nada”. Añadió que presentará pruebas sobre la supuesta presión ejercida por Lanchipa para abandonar el caso. Le puede interesar: Argentina le quita el estatus de refugiado a Evo Morales
Frente a estas acusaciones, el fiscal general, Juan Lanchipa, emitió un comunicado en el que aclaró que la orden de arresto contra Morales se derivó de un informe de inteligencia policial y que, debido a la complejidad del caso, ordenó conformar una comisión de fiscales especializados. Negó haber interferido para detener acciones del Ministerio Público y atribuyó la anulación de la orden de arresto a una jueza de garantías constitucionales, quien consideró que se habían violado derechos fundamentales.
Lanchipa defendió que la destitución de Gutiérrez se debió a “deficiencias en su idoneidad profesional” evidenciadas en este y otros casos, asegurando que “no se puede avalar actuaciones irregulares por respeto al principio de objetividad”. Lea también: Evo Morales: El alzamiento militar fue un “golpe a la economía”, no a Arce
La destitución de una fiscal por haber ordenado el arresto de un expresidente plantea debates sobre la autonomía judicial en Bolivia y el uso de recursos legales en investigaciones de alto perfil político. La situación podría escalar dependiendo de las próximas acciones de ambas partes y el curso que tome la investigación relacionada con Evo Morales.