El Gobierno de Japón reiteró este martes su respaldo a la Corte Penal Internacional (CPI), luego de que se oficializara la campaña de la Administración de Donald Trump, que tiene como objetivo “desmantelar” este organismo con sede en La Haya, al que EE. UU. acusa de inmiscuirse en asuntos estadounidenses.
“Japón concede gran importancia a la erradicación y prevención de delitos graves, así como a la defensa del Estado de derecho”, afirmó hoy en rueda de prensa el portavoz gubernamental, Minoru Kihara, quien confirmó el apoyo permanente que el archipiélago ha proporcionado a este tribunal.
En medio de su intervención, Kihara también dijo “seguir con preocupación” el reciente anuncio estadounidense para desmantelar la institución a través de presiones a los aliados de Estados Unidos, para que abandonen el organismo.
El Gobierno japonés tiene la intención de “definir su respuesta observando las futuras acciones estadounidenses y manteniendo la comunicación con la CPI y con el resto de Estados miembros”.
¿Cómo busca EE. UU. desmantelar la CPI?
El plan estadounidense señalado ayer por el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, tiene como objetivo prohibir la entrada a Estados Unidos al personal de la CPI y aumentar las sanciones contra sus miembros y las organizaciones afiliadas.
Asimismo, Estados Unidos piensa convocar a embajadores y altos cargos de naciones extranjeras para destacar “los abusos de la CPI” e instarles a retirarse de esta instancia, según señaló Rubio en un comunicado en el que calificó al organismo de querer convertirse en “un árbitro global sin rendición de cuentas”.
¿Por qué deben acudir a estos métodos?
Estados Unidos no es firmante del Estatuto de Roma, que creó la CPI, y la Administración de Donald Trump ha sancionado a altos funcionarios de la Corte por investigar presuntos crímenes de guerra cometidos por personal estadounidense en Afganistán y por actuar contra funcionarios israelíes, aliado clave de Washington. Le podría interesar: Donald Trump lanza una campaña para “desmantelar” la Corte Penal Internacional
A finales de 2025, la presidenta del CPI, la jueza japonesa Tomoko Akane, denunció las sanciones contra sus fiscales y jueces, al señalar que la medida les “sitúa al mismo nivel que terroristas y narcotraficantes”, mientras que subrayó que el tribunal no cederá “a ninguna presión” y que su independencia “permanece intacta”.
En este contexto, la ONG Human Rights Watch (HRW) llegó a presionar a las autoridades japonesas a que se pronunciaran públicamente para intensificar sus esfuerzos en defensa del tribunal, sometido a “una presión extrema por parte de Estados Unidos”.