Este martes entró en vigor con el rechazo de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, la polémica ley promovida en Perú para excluir de la justicia ordinaria a policías y militares que cometan delitos durante las labores propias de sus funciones. Una legislación criticada por generar un mecanismo de impunidad para agentes estatales responsables de muertes.
La normativa fue publicada este martes en el diario local ‘El Peruano’, luego de que fuese impulsada y promulgada por el presidente del Parlamento peruano, el fujimorista Fernando Rospigliosi, tras terminarse el plazo para que esta sea firmada por el presidente interino, José María Balcázar.
¿Qué indica esta ley?
La ley indica que, en ningún caso, podrán seguirse de manera simultánea procesos penales en la jurisdicción ordinaria y en la jurisdicción militar policial contra un mismo militar o policía cuando los hechos y los sujetos investigados o procesados sean los mismos.
En este orden de ideas, da prioridad a que los integrantes de las fuerzas estatales sean procesados y juzgados por tribunales de fuero policial y militar, respectivamente, compuesto por integrantes de la misma institución, en lugar de jueces de la justicia común. Le podría interesar: Keiko Fujimori hace historia y lanza un mensaje que sacude la política peruana
Esta ley se suma a otras promovidas por el actual Parlamento peruano, a iniciativa de Rospigliosi, como la amnistía a policías, militares y civiles que integraban los comités de autodefensa que se encontrasen procesados o condenados por delitos cometidos durante el conflicto armado interno contra los grupos subversivos ‘Sendero Luminoso’ y ‘Movimiento Revolucionario Túpac Amaru’ (MRTA).
También a la norma que crea el delito de lesa humanidad para que no se puedan procesar ni condenar de manera retroactiva a responsables de violaciones de derechos humanos por actos cometidos antes del establecimiento del delito en Perú.
Organizaciones como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y Amnistía Internacional (AI) han alertado de manera sucesiva sobre la situación de impunidad que puede crearse con estas leyes para responsables de delitos de lesa humanidad en el país, principalmente por agentes de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas.