El Gobierno de Estados Unidos, sigue optando por una nueva vía para mantener su guerra arancelaria luego de que los tribunales detuviesen parte de las anteriores medidas de Donald Trump, con un nuevo paquete de gravámenes contra más de 80 países que no cuentan con leyes eficaces para impedir la entrada de bienes producidos con trabajo forzoso bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.
Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, reafirmó esto al señalar esta semana ante el Congreso que el cambio de base legal no supone un cambio en la política comercial del republicano.
“Las autoridades específicas que utiliza esta Administración han cambiado, pero la estrategia comercial no”, afirmó, al defender la intención del Gobierno de seguir utilizando los aranceles y las negociaciones comerciales como herramientas para impulsar la reindustrialización del país, proteger a los trabajadores y reducir el déficit comercial.
Un nuevo arancel que entra en vigor este viernes
A partir de este viernes entraron en vigor los nuevos gravámenes de entre el 10 y el 25,5 %, en sustitución del arancel mundial temporal del 10 % que vence también este día. Donald Trump había impuesto este arancel en febrero luego de que el Tribunal Supremo estadounidense anulase la base legal utilizada para colocarlos.
Hasta ahora estos gravámenes estaban justificados bajo la llamada ‘Sección 122’ y tenían una vigencia de 150 días a no ser que el Congreso actuara para ampliar su aplicación. Los nuevos, bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, permiten reemplazar los aranceles con unos nuevos con el pretexto de luchar contra el trabajo forzado a nivel global.
Algunos países fueron priorizados
La medida establece un arancel adicional del 10 % para economías como México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Canadá, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Suiza, Reino Unido y los países de la Unión Europea, mientras que otras economías estarán sujetas a una tasa del 12,5 %, con variaciones y excepciones según el país y el producto.
A diferencia del anterior gravamen, impuesto como una medida temporal para hacer frente a problemas de balanza de pagos bajo la ‘Sección 122’ de la Ley de Comercio de 1974, los nuevos aranceles se sustentan en la ‘Sección 301’, que permite al presidente responder a prácticas comerciales extranjeras consideradas injustificadas o discriminatorias.
Los aranceles no se aplicarán a todos los productos
Donald Trump ya utilizó esta disposición durante su primer mandato para imponer aranceles a China, pero nunca antes se había empleado para gravar de forma simultánea a un número tan amplio de economías.
Los nuevos aranceles no se aplicarán a todos los productos, debido a que quedan fuera el petróleo y el gas, determinados recursos nacionales, los bienes cubiertos por el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá y productos que ya están sujetos a aranceles impuestos por motivos de seguridad nacional, como automóviles y acero.
La medida contempla además excepciones para determinados bienes cuya imposición pueda generar problemas de suministro o disrupciones económicas. Le podría interesar: EE. UU. aumenta arancel a Colombia: esto cambia para los exportadores desde este viernes
De acuerdo con medios especializados, la Administración mantiene abierta otra investigación bajo la ‘Sección 301’ contra 15 países y la Unión Europea por lo que considera prácticas comerciales desleales en sus sectores manufactureros, una revisión que podría desembocar en nuevos aranceles en las próximas semanas y ampliar todavía más el alcance de la política proteccionista de Trump.
El trabajo forzoso, un argumento cuestionado
La Administración sostiene que los nuevos gravámenes responden a que las economías afectadas no han aprobado o aplicado de forma eficaz leyes que prohíban la importación de productos fabricados mediante trabajo forzoso, lo que, según Washington, coloca en desventaja a las empresas estadounidenses que sí cumplen con esas normas.
Sin embargo, críticos, entre ellos senadores demócratas, consideran que este argumento puede servir como una vía para recuperar los aranceles globales que los tribunales han bloqueado. La controversia se debe, entre otros factores, a que algunos de los países afectados ya cuentan con restricciones contra las importaciones vinculadas al trabajo forzoso.
Canadá, por ejemplo, prohíbe la entrada de esos productos, mientras que la Unión Europea tiene prevista una prohibición que entrará en vigor en 2027. Estados Unidos, que mantiene desde hace casi un siglo restricciones a los bienes producidos mediante trabajo forzoso, tampoco está exento de críticas: organizaciones laborales cuestionan que su legislación permita determinadas formas de trabajo penitenciario que consideran coercitivas.
Según dijo recientemente Peter Harrell, investigador de la Facultad de Derecho de Georgetown, “Trump ha probado ser un innovador en el arte del uso de la política económica, desplegando aranceles, control a la exportaciones y otras herramientas del control de política industrial de una manera novedosa y, en ocasiones, ilícita”.
La medida anunciada hoy por Greer supone así un nuevo intento de Trump por mantener una política arancelaria que ha atravesado distintos instrumentos legales desde su regreso a la Casa Blanca en 2025.
Tras los aranceles contra México, Canadá y China, los gravámenes al acero, el aluminio y los automóviles y la posterior ofensiva global, los tribunales han obligado a la Administración a cambiar de vía, pero no han conseguido frenar su apuesta por utilizar los aranceles como una de sus principales herramientas de política comercial.