Este miércoles, 29 de julio, la Fiscalía de Bolivia ordenó la captura del expresidente Evo Morales (2006-2019), a quien señala de presuntos delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, entre otros.
La decisión se relaciona con su presunta participación en las protestas y bloqueos de carreteras que se registraron entre mayo y junio de 2026, convocados para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
La orden, dictada por el fiscal Brayan Melgar, también atribuye a Morales los presuntos delitos de atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
Tras enterrarse de la orden de captura, el expresidente de Bolivia indicó que las autoridades no le “van a intimidar”.
“Hoy (miércoles) el gobierno emite una nueva orden de aprehensión en mi contra, acusándome de supuestos delitos de terrorismo y alzamiento armado”, escribió Morales en X, antes Twitter.
Según el exmandatario, el Gobierno busca responsabilizarle “de las movilizaciones sociales para ocultar el verdadero drama que vive Bolivia: una profunda crisis económica y social, fruto de un modelo que ha abandonado al pueblo y protege la corrupción”.
“No nos van a intimidar. Seguiremos luchando junto al pueblo, como lo hemos hecho siempre, con la convicción de que Bolivia merece un camino distinto: el de la dignidad, la soberanía, la justicia social y la recuperación de la esperanza para todas y todos”, agregó.
Expresidente Evo Morales, buscado por la Justicia boliviana
Durante siete semanas, entre mayo y junio de 2026, campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) protagonizaron bloqueos de carreteras, principalmente en el occidente y el centro de Bolivia. Las movilizaciones, respaldadas por grupos afines al expresidente Evo Morales, tenían como “única demanda” la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Los bloqueos provocaron el desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades. Además, dejaron al menos 16 personas fallecidas, 13 de ellas por no recibir atención médica oportuna debido al cierre de las vías, y causaron pérdidas económicas superiores a los 3.000 millones de dólares.
A comienzos de julio, líderes cívicos de Santa Cruz, la región más poblada y motor económico de Bolivia, presentaron una denuncia por estos hechos. Posteriormente, el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, se sumó a la acción legal.
La investigación no solo involucra a Evo Morales, sino también al máximo dirigente de la COB, Marco Argollo, y al principal líder campesino de La Paz, Vicente Salazar, quien permanece en detención preventiva desde el 6 de julio por otra investigación relacionada con los mismos bloqueos.
La defensa de Evo Morales
El expresidente Morales ha rechazado las acusaciones y niega haber promovido la renuncia del presidente Paz. Según afirmó, las movilizaciones buscaban que el Gobierno atendiera las demandas de los sectores sociales.
Sin embargo, el 24 de mayo publicó un mensaje en la red social X, antes Twitter, en el que aseguró que el mandatario tenía solo “dos caminos” para enfrentar la crisis: “militarizar” el país o convocar elecciones en un plazo de 90 días.
Morales enfrenta otra orden de captura
Evo Morales permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, su principal bastión político y sindical, protegido por centenares de seguidores que buscan impedir el cumplimiento de otra orden de captura en su contra.
Esa investigación está relacionada con un presunto caso de trata agravada de personas. La Fiscalía lo acusa de haber mantenido una relación con una menor de edad, con quien supuestamente tuvo una hija mientras ejercía la Presidencia en 2016.
En mayo de este año, un tribunal de Tarija lo declaró en rebeldía y emitió una nueva orden de captura debido a que no se presentó al inicio del juicio por ese proceso. Hasta ahora, la Policía boliviana asegura que espera el momento oportuno para ejecutar esa orden.