Este martes la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió al Parlamento venezolano avanzar en una reforma parcial de la ‘Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia’, publicada en 2017 y criticada por la oposición como parte de un “marco legal represivo” y usada para perseguir a periodistas y violar la libertad de expresión.
A través de una carta que fue publicada por redes sociales, Delcy Rodríguez indicó que la reforma solicitada es para “avanzar en la despenalización de las conductas previstas” en esta ley y como parte de las acciones del Gobierno para “transformar el sistema de justicia penal” y “favorecer el reencuentro y convivencia democrática” en el país.
“Finalmente, visto el impacto positivo que esta reforma generará sobre la reconstrucción de la confianza en las instituciones y la dinamización de la vida democrática de la nación, agradezco sus buenos oficios para que esta iniciativa pueda ser considerada con carácter de urgencia”, dijo la mandataria encargada en la carta dirigida a su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.
Ley contra el odio en Venezuela
En febrero de este año, Jorge Rodríguez admitió el uso inadecuado de la ley contra el odio y consideró posible una reforma. Le podría interesar: “Hablamos de elecciones”: Donald Trump en reunión con Delcy Rodríguez
La ley fue aprobada en noviembre de 2017 por la chavista Asamblea Nacional Constituyente, instalada ese año en paralelo al Parlamento mayoritariamente opositor, tras meses de crisis política y masivas protestas antigubernamentales en el país suramericano.
Su aprobación se hizo tras una solicitud expresa del entonces presidente Nicolás Maduro para acabar con los supuestos mensajes de “odio” que, según el oficialismo, desataron la ola de protestas que sacudieron el país entre abril y agosto de ese año.
Esta legislación establece penas de hasta 20 años de cárcel contra los llamados “delitos de odio” y desde entonces ha sido criticada por defensores de derechos humanos y ONG, como Espacio Público, que en 2023 denunció que ha sido usada como un instrumento “para perseguir a personas por expresiones incómodas o críticas frente a ciertos sectores de poder”.
