El Parlamento de Venezuela, de mayoría chavista, aprobó este martes en primera discusión una reforma a la Ley contra el Odio, con la que se busca eliminar las penas de prisión y sustituirlas por sanciones administrativas, multas y trabajo comunitario para quienes incurran en las conductas contempladas en la norma.
La iniciativa responde a una solicitud presentada a finales de septiembre por la vicepresidenta ejecutiva del país, Delcy Rodríguez, y plantea modificar una legislación aprobada en 2017, que ha sido cuestionada por organizaciones de derechos humanos y sectores opositores, al considerar que ha servido como instrumento de persecución política.
El Parlamento de Venezuela aprueba en un primer debate la reforma a la criticada ley del odio
Al presentar el proyecto, el primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, explicó que la reforma busca “eliminar las penas de prisión sustituyéndolas por multas y trabajo comunitario, establecer procedimientos administrativos claros para la aplicación de la norma”.
También contempla “fijar sanciones y exhortaciones administrativas a los medios de comunicación eliminando expresamente la revocación de concesiones”, así como establecer multas para quienes difundan mensajes de odio en redes sociales. La propuesta incluye, además, un llamado a las organizaciones políticas para promover la convivencia democrática y la paz.
Oposición cuestiona la reforma a la ley contra el odio
La iniciativa recibió votos en contra de algunas facciones opositoras, que insisten en que la legislación debe ser derogada porque, a su juicio, vulnera los derechos humanos y las garantías constitucionales.
“Es una ley que sirvió para perseguir la disidencia”, afirmó la diputada opositora Amelia Belisario, en representación de la bancada Libertad.
Aunque el contenido detallado de los artículos que se modificarían todavía no ha sido presentado, Belisario cuestionó que la aplicación de las nuevas sanciones administrativas quedaría en manos del Ministerio de Interior.
Señaló que sería el mismo organismo que, según sus denuncias, habría aplicado de manera irregular la legislación y acumularía múltiples señalamientos por violaciones de derechos humanos.
Por su parte, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, aseguró que el oficialismo busca evitar que la norma sea utilizada para perseguir a cualquier ciudadano.
“Estamos empeñados en que esta reforma de ley no se instrumentalice para la persecución de nadie”, manifestó.
Sin embargo, también cuestionó a los sectores opositores por lo que calificó como expresiones de odio y advirtió sobre los riesgos de nuevos episodios de confrontación política en el país.
¿Qué establece la ley contra el odio en Venezuela?
La Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia fue aprobada en noviembre de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente, de mayoría chavista, que se instaló ese año en paralelo al Parlamento, entonces controlado por la oposición.
La legislación fue adoptada después de meses de crisis política y protestas antigubernamentales. Entre sus disposiciones contempla penas de hasta 20 años de prisión para quienes sean condenados por los denominados delitos de odio.
Desde su aprobación, la norma ha recibido críticas de organizaciones defensoras de derechos humanos, que cuestionan su alcance y su aplicación contra personas que expresan posiciones contrarias al Gobierno.
Según datos difundidos por la ONG Foro Penal, al menos 927 personas fueron acusadas de incitación al odio en Venezuela desde la entrada en vigor de la legislación en 2017.
La propuesta de reforma hace parte de los cambios que impulsa Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas por parte de Estados Unidos, en enero pasado. La mandataria ha sostenido que la legislación fue “mal aplicada” y ha planteado la necesidad de modificarla.
