La libertad de expresión y prensa es consustancial a la democracia, pues no es posible una sin la otra. Infortunadamente las visiones de extrema izquierda (Correa, Chávez, Maduro, Ortega, Kirchner) y derecha (Trump, Bolsonaro) la han afectado gravemente o, incluso, suprimido en las últimas décadas.
Esta institución propia de la democracia liberal permite no sólo promover la pluralidad de voces, enfoques y pareceres, sino, también, cultivar una ciudadanía informada y deliberante; de allí la importancia de promover su respeto -especialmente por el poder político-, por más chocantes u ofensivas que se consideren las noticias u opiniones, y de defenderla de cualquier tipo de estigmatización, como lo reiteró recientemente la Corte Constitucional, que ordenó proteger a las periodistas de la violencia en línea.
Digo lo anterior, a propósito de los reiterados roces del presidente con los medios de comunicación, a quienes sistemáticamente cuestiona su transparencia y credibilidad o endilga la construcción de un “relato periodístico” en contra de su gestión, y que ha dado lugar a que periodistas autorizados, independientes y críticos - incluso cercanos a su proyecto- como María Jimena Duzán o Daniel Coronell cuestionen su actitud, o que una instancias internacional como la FLIP haga un pronunciamiento de alerta sobre el riego que esta situación conlleva para la libertad de prensa.
La respuesta del presidente no pudo ser peor: se limitó a señalar el artículo 20 constitucional y subrayar la palabra “información veraz”. Y no pudo ser peor porque en una democracia el presidente no es la persona llamada a ser juez de la verdad (veracidad) o de los medios de comunicación, ni puede pretender marcar la agenda informativa. Si hay algo antidemocrático es que desde el poder se defina -como sucede en Venezuela o Nicaragua- quién puede o no ejercer el periodismo o quién es veraz: ese debate corresponde a la academia, los medios o a la ciudadanía, pero no al Gobierno.
Sumado a lo anterior, los estándares interamericanos y la Corte Constitucional han señalado que los servidores públicos tienen una libertad de expresión restringidas y, por el contrario, una obligación reforzada para garantizar la libertad de prensa de manera plural y amplia. Por lo demás, el presidente -como cualquier ciudadano- puede solicitar rectificación, corrección o exigir la eliminación de la publicación falsa o injuriosa o, inclusive, hacer uso de las herramientas legales.
Post scriptum: sería deplorable que el primer gobierno genuinamente de izquierda en Colombia limite y no garantice la libertad de prensa, así considere que los medios actúan sin “veracidad”, porque siempre será mejor para la democracia una prensa amarillista, sensacionalista, tendenciosa o, incluso, politizada, a una prensa amordazada.
*Profesor universitario.
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