No más Ordóñez

En una columna reciente en El Tiempo, Florence Thomas manifiesta que no odia al Procurador Alejandro Ordóñez. Yo tampoco,  pero sí me indigna, como a ella, que el Presidente contemple la posibilidad de incluirlo en la terna que debe enviar al Congreso para que pueda ser reelegido. Un funcionario que no ha cumplido cabalmente su labor no debería recibir este premio. Un funcionario que ha actuado como él, ha debido ser removido del cargo.
En este caso, el tema de fondo no es, por ejemplo, si se comparte o no la posición de Ordóñez sobre el aborto. Aquí el tema es el cumplimiento de sus obligaciones como funcionario público. Algunos pensarán que alzo mi voz de mujer por este tema, en el que se ha comportado tan contrario a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que lo obliga a actuar de otra manera, es decir de acuerdo al juramento que hizo al posesionarse, cuando se comprometió a respetar la Ley y la Constitución. En el caso de la sentencia sobre el aborto terapéutico (C-355 de 2006), el Procurador no sólo desconoció la providencia, sino que buscó formas de “castigar” a quienes se atrevan a cumplirla.
Bien distinto es su talante al de otro funcionario, también católico y conservador, que seguramente trataría de evitar que las mujeres de su familia se practicaran un aborto. Hablo del respetado ex alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, quien en varias entrevistas ha dicho con diferentes palabras: “odio el aborto…; sin embargo creo en el derecho de la mujer a decidir” o, en otra entrevista para un periódico colombiano: “(…;) estoy muy seguro de que lo correcto es dejar que ellas mismas [las mujeres] tomen su decisión. [Soy católico], pero esa forma de pensar no se le debe imponer a alguien que practica otra religión, que tiene otra forma de verlo. Por eso creo que la mejor solución es que el gobierno se mantenga al margen de la vida privada de las personas.”
Esto último es lo que se le ha venido pidiendo insistentemente al Procurador y a sus subalternos: que se mantengan al margen de las decisiones personales de las mujeres que deciden ejercer su derecho constitucional de practicarse un aborto en los casos autorizados por la ley. Ésta y los movimientos que la impulsan no son movimientos proabortistas; hay instancias previas que permiten a la mujer meditar profundamente su decisión. En ningún caso será fácil para una mujer decidir practicarse un aborto, como erróneamente creen algunos, pero debe ser personal y absolutamente respetada.
Por encima de sus convicciones personales, un Procurador está obligado a velar porque se cumpla –comenzando por él mismo– la normativa jurídica del país. Parafraseando una frase atribuida a Voltaire, la actitud éticamente correcta de Ordóñez debería ser: “No comparto el aborto pero defenderé hasta la muerte el derecho que la Constitución y las leyes te han otorgado para que tomes autónomamente tu propia decisión”. Esa es la posición de un funcionario correcto, que no antepone sus creencias a sus obligaciones legales y constitucionales.
Levanto mi voz, que no es solitaria, para pedirle al Presidente que no terne para su reelección a este funcionario. No está cumpliendo con el más elemental de sus deberes.

*Directora del Área de Internacionalización de la UTB

Iliana.restrepo@gmail.com