En pleno auge de la “confianza inversionista” y fungiendo como Contralor General de la República, Antonio Hernández Gamarra, no faltaron las “propuestas indecentes” para vender bienes del Estado en condiciones lesivas para el país.
Citaré casos en los cuales la intervención oportuna, autónoma y legal de la Contraloría General de la República, fue categórica para evitar que se consumara un “deterioro patrimonial a la nación” derivado de la venta de empresas del Estado a precios ínfimos, prorroga de contratos o rebaja de regalías.
Uno, es el de TELECOM, cuya Junta Directiva, en ataque de delirante confianza inversionista, ofreció a un solo postor, y no el mejor, la venta de dicha empresa estatal.
Celoso guardián de la heredad de lo público por principio ético y sin la escandola mediática previa a la medida, procedió el contralor Hernández Gamarra a advertir al Gobierno y a la Junta Directiva de Telecom que cuanto se proponían hacer no era legal ni transparente ni responsable socialmente.
Ni iba en la dirección de preservar los intereses superiores de la nación, razón por demás válida para obrar en consecuencia y proceder a hacer valer su función de Contralor General de la República.
No obstante el talante autoritario imperante en el Gobierno, se impuso el juicio recto, honrado y en derecho, y se acató la advertencia del Contralor General de la República.
El otro caso, muy ilustrativo del embeleso en la confianza inversionista, fue el de proponer el Gobierno y Ecopetrol entregarle el gas de la Guajira a la Texas Petroleum Company, rebajarle las regalías y prorrogarle la concesión por veinte años.
Otra vez, y como se lo imponía el deber ser de su cargo, es Hernández Gamarra quien prevalido de su competencia, funciones y principios, alerta y previene acerca del daño que se le va a causar a la nación, tanto en su patrimonio económico como fiscal, moral e institucional, si llegare a pactarse un menor precio del gas, rebajar las regalías y prorrogar, en condiciones desventajosas a las vigentes para la fecha, el contrato de concesión a la Texas Petroleum Company.
Reacios a atender la advertencia de la Contraloría General de la República, Gobierno y Ecopetrol van al Consejo de Estado para que determine si, al rebajar las regalías y prorrogar con desventajas para la nación el contrato vigente con la Texas Petroleum Company, se incurría en la grave falta del detrimento patrimonial que se advertía.
De nuevo, la razón está de parte del interés colectivo y el patrimonio público a salvo.
Doctor Maya, ¿qué hará la Contraloría a su cargo para evitar que la venta de Isagen devenga en detrimento patrimonial a la nación?
*Poeta
@CristoGarcíaTap
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