Ha trascendido a la opinión, la negativa del señor juez 10 Civil Municipal de Cartagena, en consentir el matrimonio gay de dos mujeres. El ataque del que ha sido víctima contra su suerte judicial y su persona, anunciando cuanta denuncia sea posible, nos impone la más cerrada solidaridad, en tanto que es preciso acompañar a quien desde la Judicatura, tuvo el valor de defender las convicciones propias. Aquellas que para un hombre de bien nunca serán negociables.
No hay delito ni acto censurable alguno, cuando desde el pedestal de juez, éste adopta una decisión ceñida a sus más ancestrales convencimientos. Ni la ley ni la jurisprudencia pueden enajenar la independencia en el ejercicio de interpretación y menos, mucho menos, cuando resultan contrarias a sus creencias espirituales, que lejos deben distanciarnos de los animales y de los esclavos.
Un juez que claudica a su independencia para decidir en contra de sus principios, será todo, menos un juez, y tarde que temprano sucumbirá al peso de su dependencia. Los jueces del mundo lo han entendido, como ‘los principios de Bangalore’, que exaltan la independencia como la máxima virtud que debe ser protegida y sin la cual dejan de existir las restantes: imparcialidad, integridad, corrección, equidad, competencia y diligencia.
Con respeto, debe admitirse que la unión homosexual entre dos personas no puede ser estimada un ‘matrimonio’. Será sí, una unión civil de dos seres iguales. Las palabras, las intenciones, nunca podrán superar las limitaciones impuestas inexorablemente por la naturaleza, ni por el sentido incrustado en su sagrado alcance de procreación, inspirada en los evangelios, que son ley a cumplir para quienes gozamos de las gracias de la Fe.
Paradójico resulta que la censura provenga de quienes han perseguido, se les respete la libertad de actuar de modos diferentes. Es cierto que ni la fe ni el ateísmo pueden imponerse. Lo que sí debe esperarse es que un ciudadano sea coherente actuando de acuerdo a sus creencias. Que viva tal y como lo imponen sus valores, espirituales y/o personales.
Un juez, no es la excepción y cuando decide, movido por esa realidad, justificando su decisión, no comete delito alguno, porque no lo mueve el deseo de violar la ley; antes por el contrario, acata una ley que le trasciende y que le es inmutable en el paso inapelable de su propia vida. Imponer que la traicione, sí que desquicia su condición de juez.
Decidir de acuerdo a las convicciones no es una opción, debe ser un deber. Expresar lo que se siente y lo que se cree es una manera de ser transparentes y respetuosos con aquellos que esperan iguales respetos. Por eso, me levanto para decirle al señor juez: venga su mano, que estrecho con admiración.
*Abogado.