La Región Caribe atraviesa por un momento crítico en materia energética. No solo se trata de las altas tarifas que deben pagar sus habitantes, también de los problemas económicos y de bienestar derivados de esta situación.
Según Fedesarrollo, las principales causas de la tendencia alcista de los precios de la energía en la región “son las pérdidas reconocidas y el cargo de distribución que se suman a una coyuntura en los precios de los combustibles, en la inflación y en los precios de generación”. El resultado es un impacto significativo sobre los bolsillos de una población que, además, sufre los embates de otros problemas estructurales: las pobrezas moderada y extrema.
En el Caribe el clima es predominantemente cálido. Salvo algunas excepciones, como la Sierra Nevada de Santa Marta y unos pocos municipios y corregimientos en los Montes de María, la temperatura es alta durante la mayor parte del año. Como es claro, una porción del consumo de muchos hogares se destina a aliviar las incomodidades provocadas por temperaturas que en muchas zonas supera los 30º C.
La combinación de altas temperaturas y altos precios de la energía no parece ser atractiva. La disyuntiva es clara: librarse del calor mientras se destina una fracción importante de los ingresos al pago de la factura de energía o transigir el calor para poder ahorrar algunos pesos. Es como estar entre la espada y la pared.
Pero no solo los hogares padecen los problemas de las altas tarifas. Las empresas se hacen menos competitivas si durante el proceso de producción y comercialización de bienes y servicios deben usar energía por la que deben pagar un mayor precio. En la búsqueda de mayor eficiencia por cuenta de menores costos de producción, la fuga interregional de la industria y los negocios es apenas obvia.
Las medidas enmarcadas en el Pacto por la Justicia Tarifaria son una parte de la solución. El Gobierno Nacional y las empresas que participan en el sector energético acordaron la implementación de algunas estrategias que tendrán como resultado la reducción de la tarifa del servicio de energía eléctrica en el país; no obstante, el desasosiego se apodera del Caribe al saber que uno de los principales operadores de la región no se acogió a las disposiciones de este pacto. Es allí donde reposan las fuertes declaraciones de la Alcaldía de Cartagena hace pocos días.
El Caribe colombiano necesita, entonces, de acciones más contundentes. Podría, por ejemplo, apelar a modelos empresariales más sustentables y al uso de energías alternativas, como la eólica o la solar, para mitigar la angustia energética por la que transita actualmente.
Las opiniones aquí expresadas no comprometen a la UTB ni a sus directivos.
*Profesor de la Escuela de Negocios
y del IDEEAS, UTB.
Te puede interesar: