Tres de las empresas que ejecutarán el contrato más millonario de lo que va del gobierno de Eduardo Verano, en Atlántico, han tenido vínculos con el círculo de negocios de Emilio Tapia, condenado por el carrusel de Bogotá y preso por el desfalco de Centros Poblados.
Esas empresas integran el Consorcio San Marcelo 010 y construirán 16,71 kilómetros de doble calzada en las vías Caracolí y Sexta Entrada, por $138.423 millones. La primera firma con vasos comunicantes con Tapia es Harinsa Navasfalt Infraestructura. Si bien tiene menos de dos años de matriculada en Colombia, ha ganado millonarios contratos y en al menos tres de ellos coincidió con empresas de Tapia o cercanas a él.
Uno de esos contratos es el Anillo Vial Externo Metropolitano de Santander, por $358.995 millones. Allí, como parte del Consorcio Progreso Metropolitano, Harinsa trabaja de la mano de Global Designs And Buildings. Esta última tiene entre sus dueños a Juan Carlos Aldana, primo y socio de Tapia, reveló el columnista Yohir Akerman.
Aldana, también condenado por el carrusel de Bogotá, creó Odeka y a través de esa firma es accionista de Global Designs and Buildings. Según Cambio, Aldana y Tapia siguen siendo socios en contratos, pese a la reclusión de Tapia en El Bosque. De hecho, fuentes de ese medio aseguran que Aldana es “uno de los visitantes más frecuentes de Tapia en la cárcel de Barranquilla”.
Un vínculo adicional de Harinsa con el círculo de Tapia viene por otro contrato entregado por la Gobernación de Santander, en 2021, al Consorcio Constructor GM Santander para la vía Barichara - Zapatoca, por $143.941 millones. En este proyecto, también en ejecución, Harinsa es socia de Global Designs and Buildings. Y otro nexo de Harinsa con Tapia viene por la pavimentación de 66 kilómetros, que el Invías entregó en 2021 para Cauca, Huila, Caquetá, Antioquia y Chocó, por $300.149 millones.
Una de las empresas del Consorcio San Sebastián 064 fue ICM Ingenieros, perteneciente a Tapia y liquidada por orden de la Superintendencia de Sociedades, después de la probada corrupción en Centros Poblados.
Tapia le cedió su 25% de participación a Gama Ingenieros Arquitectos (20%) y a Harinsa (5% restante). Procesos de ese tipo no se dan entre desconocidos, pues el consorcio debe gestionar los reemplazos de su miembro inhabilitado para obtener el visto bueno del contratante. De ese Consorcio San Sebastián 064 también forman parte otras dos empresas que están en el contrato del Atlántico: Ingeniería, Transporte y Maquinaría, de Envigado, y Horacio Vega Cárdenas, de Bogotá.
Esas firmas se juntaron con la de Tapia para ganarse la licitación del Invías y, sólo cuando estalló Centros Poblados, Tapia debió ceder su participación y terminar su relación con ellas. Sin duda, todos estos lazos evidencian la normalización de las relaciones comerciales con actores investigados, incluso por corrupción. En últimas, todo se hace bajo la sombrilla de la legalidad.