El país atraviesa una alarmante normalización del bloqueo de vías y la toma de edificios como mecanismos de presión política. Lo que constitucionalmente se concibe como el derecho fundamental a la protesta pacífica viene mutando en una estrategia de coacción sistemática que prioriza el interés de grupos particulares sobre los derechos fundamentales de la mayoría de la ciudadanía.
Las cifras de la Defensoría del Pueblo para 2025 son contundentes: 4.039 eventos de protesta, un incremento que sitúa a los bloqueos de vías -112 casos solo en Bolívar- como el método predilecto sobre las marchas o plantones.
El impacto de estas acciones trasciende la estadística. En Cartagena y sus alrededores, casos como el frecuente bloqueo del puente hacia Barú o el bloqueo de empresas y vías en Mamonal o las manifestaciones en el peaje de Turbaco demuestran una preocupante desconexión entre el reclamo y el método. Si bien las deficiencias en infraestructura educativa en Santa Ana, o las aspiraciones de contratación laboral en Mamonal o la incertidumbre sobre los peajes son quejas legítimas, el cierre de arterias viales castiga injustamente a trabajadores, estudiantes, personas enfermas y turistas que nada tienen que ver con las decisiones administrativas del Estado. El bloqueo no es un diálogo; es un ultimátum que paraliza la economía local y vulnera el derecho a la libre locomoción.
La situación alcanzó niveles críticos la semana pasada, con la toma de las sedes del Ministerio del Interior, cuando cerca de 1.500 funcionarios permanecieron retenidos por siete horas, el hecho fue calificado por el propio ministro Armando Benedetti como un “secuestro”. Este evento marca un precedente peligroso: el uso de la fuerza física para sitiar a servidores públicos en sus lugares de trabajo. Resulta éticamente reprochable, además, el uso de menores de edad y mujeres gestantes como escudos humanos, una táctica que busca neutralizar la acción de las autoridades y pone en riesgo la vida de los más vulnerables para blindar acciones violentas.
El abuso de la protesta revela una crisis de autoridad y una falla en el diálogo social. La recurrencia de estos eventos sugiere que los grupos manifestantes han validado el bloqueo como la única forma de ser escuchados, en parte por la lentitud estatal, pero también por la impunidad que rodea estas acciones.
El daño a los ciudadanos es integral: pérdida de citas médicas, interrupción de la cadena de suministros, afectación al empleo y un sentimiento de desprotección ante quienes consideran que sus demandas les otorgan licencia para pisotear el bienestar común.
La protesta es un derecho, pero el bloqueo y la retención son abusos que el Estado de derecho no puede seguir tutelando bajo el manto de la tolerancia social. Sin orden no hay libertades; la movilidad o las oficinas no pueden estar al servicio de las vías de hecho.