En el pasado hemos hablado de la gravedad del fenómeno de las invasiones. Esta es una conducta delictiva que ataca a la propiedad privada, pilar de nuestra democracia, y frena proyectos privados y de ciudad muy importantes. Hemos aplaudido públicamente, y con mucha razón, los grandes esfuerzos realizados por la Alcaldía de Cartagena para el desalojo de Chambacú, con resultados que hoy ya podemos ver y que deben ser motivo de felicidad para todos los cartageneros.
Pero el problema de las invasiones es como un cáncer que crece sin medida. ¿Quiénes están detrás de todo esto? ¿Serán simples nativos y delincuentes de poca monta, o un cartel organizado? ¿Serán empresas privadas que, por cumplir sus objetivos en el corto plazo, financian a estos invasores por medio de pagos para que desocupen y su negocio sea rentable y continúe? No tengo argumentos para afirmarlo, pero lo que sí se puede decir, sin lugar a dudas, es que el Grupo Energía de Bogotá (GEB) tiene algo que ver, por lo menos, con una invasión en Membrillal.
En el sector de Membrillal, dicha empresa -GEB- firmó un contrato de servidumbre con el propietario de un predio. Fue un contrato que cumplió todas las formalidades de ley y tenía como única razón autorizar al GEB la instalación de una torre eléctrica dentro del predio. El GEB pagó puntualmente al propietario su obligación; sin embargo, cuando fueron a instalar la torre aparecieron unos invasores que extorsionaron al GEB y le dijeron que, si no entregaban un dinero, no los dejarían colocar la torre eléctrica. Esta empresa, pensando solo en sus intereses, basándose en unos documentos sin ningún soporte legal presentados por los invasores, firmó un contrato con ellos, les pagó una suma importante de dinero y continuó con la instalación de la torre, violando por completo el contrato de servidumbre firmado con el propietario. De esta manera, desconoció al legítimo propietario y solo se entendía con los invasores. Dichos invasores utilizaron ese pago y su relación con el GEB como prueba de que eran “poseedores”; esto les permitió afincarse en el lote de manera abiertamente ilegal.
Finalmente, la justicia le dio la razón al propietario y tanto la Inspección de Policía, en primera instancia, como la Secretaría del Interior, en segunda instancia, ordenaron el inmediato desalojo, sin posibilidad de más apelaciones. Si un grupo tan importante como el GEB se presta para financiar delincuentes, ¿qué se puede esperar de los demás?, ¿es adecuado que una empresa de este nivel no recurra a la ley para el desalojo de delincuentes, sino que decida transar con ellos?, ¿es correcto no exigir el cumplimiento de la ley a quien la viola, sino sentarse a negociar principios innegociables?, ¿será que llegar al territorio repartiendo dinero a diestra y siniestra a quien impide el avance de las obras es algo positivo? Seguramente lo será en el corto plazo, pero en el mediano y largo plazo no, pues serán tantos los que quieran beneficiarse de ese dinero que no habrá presupuesto capaz de frenarlos. No olvidemos que, por demoras del GEB, entre otras razones, en La Guajira las empresas Enel y EDP, dos grandes ligas a nivel mundial, decidieron abandonar sus proyectos eólicos en la región, proyectos que hoy estamos más que añorando.
PD. El dueño del predio en Membrillal es el escritor de este artículo; por eso tiene tan claro el tema y las pruebas.