En la columna anterior formulé una pregunta incómoda: ¿por qué hemos aceptado que quien ejerce el poder político mejore su vida material? Pensaríamos que la inquietud que provoca proviene de su complejidad; pero diría, más bien, que proviene de la cercanía, porque está de frente a lo que hemos decidido no mirar con detenimiento. Porque no prestamos atención a la idea de que el poder público es una delegación —y no una propiedad—, y considerar, como desenlace inevitable, que ejercerlo no debería traducirse en ningún tipo de beneficio personal. En sentido estricto parece sonar radical o excesivo, incluso absurdo. Por eso me veo en la obligación de precisar que no se trata de exigir pobreza ni de idealizar el sacrificio como espectáculo, ya que se trata de algo más sobrio y, a la vez, más exigente, como es interiorizar que el paso por la función pública no sea una vía de enriquecimiento, directo o indirecto, que gobernar no sea una forma de ganancia.
Tal vez el problema no es que los políticos tengan privilegios visibles, sino que hemos dejado de preguntarnos si deberían tenerlos en absoluto. El erario es la materialización de la confianza colectiva y no simplemente un recurso administrativo. Cada peso que una ciudad o municipio administra proviene, de una u otra forma, del esfuerzo de millones. Por eso es que en ese sentido tiene un carácter especial e inviolable —imaginemos aquí los dineros destinados a salud—. Usarlo en beneficio propio va más allá de la tipificación penal y se vuelve una fractura ética incluso cuando adopta formas sutiles, normalizadas o social e institucionalmente aceptadas. Por eso, más que hablar de corrupción, tocaría hablar de contención voluntaria, explícita, verificable. No se refiere a un voto de pobreza monástico en sentido estricto, pero sí algo que se le parece en lo esencial como la renuncia consciente a convertir el poder en ventaja personal y la decisión de no salir mejor de como se entró, al menos en términos materiales. Aunque no me disgusta la metáfora conceptual de un «voto de pobreza autoimpuesto» en la política, para algunos podría parecer una exigencia desproporcionada, pero lo realmente absurdo es lo que hoy consideramos normal.
La política se ha profesionalizado como una carrera, y con ello se introdujo, sin decirlo abiertamente, la expectativa de retorno. Se entra para servir, pero también —de manera tácita— para lograr el progreso individual y en ese desplazamiento silencioso se pierde algo fundamental, saber que el servicio público, en su forma más exigente, es una carga y no una oportunidad. Responsabilidad que debería implicar límites y no beneficios. Tal vez el verdadero problema es que hemos olvidado que el poder, cuando es legítimo, siempre tiene un costo.
Los gobernantes deben demostrar en su ejercicio un compromiso verificable de sobriedad material que se vea reflejado en transparencia radical patrimonial, límites estrictos a beneficios personales, incompatibilidades reales con enriquecimiento posterior. Repito, no es que necesitemos políticos pobres, sino que no salgan vulgarmente más adinerados de lo que entraron. En definitiva gobernar debería implicar perder algo y no ganar sino el honor sin sonar a utopía.