Empezando por la Transición Energética: Colombia, como lo está haciendo el resto del mundo, debe concebir la transición energética como la integración de las FNCER a la matriz eléctrica, diversificándola aún más de lo que está, no como reemplazo o sustitución de las energías convencionales, sino como complemento, de tal modo que las unas les sirvan de respaldo a las otras.
Hay necesidad de retomar la hoja de ruta de la transición energética definida en el Documento Conpes 4075 de 2022. El actual gobierno en lugar de construir sobre lo construido, se propuso, sin lograrlo, darse la hoja de ruta de la transición energética justamente prevista en la Ley 2294 de 2023 del PND. A pesar de que la exministra Irene Vélez anunció en la COP 27 en noviembre de 2022, que para mayo de 2023 se tendría esa hoja de ruta, hasta la fecha no se cuenta con ella.
Y hablando de transición energética, Colombia debe sintonizarse con el resto del mundo que prioriza la seguridad energética sobre la transición. Esta no debe poner en riesgo a aquella, como tampoco debe poner en riesgo la soberanía energética. En este orden, Colombia no puede precipitarse a marchitar prematuramente la industria del carbón y de los hidrocarburos, sus dos principales renglones de exportación, principales fuentes de divisas y de financiación del Estado.
Con fundamento en lo anterior, sin desmedro de la transición energética, el próximo gobierno deberá poner término a la moratoria de la firma de nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, así como del uso en Colombia de la técnica del Fracking 6.0, la cual mitiga su impacto ambiental, única manera de espantar el fantasma de la importación de petróleo y recuperar la autosuficiencia perdida de gas natural.
El sector eléctrico enfrenta alto riesgo de un apagón financiero, como lo han advertido reiteradamente los organismos de control (Procuraduría y Contraloría), que puede derivar en un efecto dominó que, como lo ha anticipado la firma XM, puede causar un efecto dominó que comprometería la confiabilidad y firmeza en la prestación del servicio.
Al gobierno entrante le corresponderá implementar un plan de choque que desactive esta bomba de tiempo que tiene al sector eléctrico, sumido en una crisis inducida por parte del mismo Gobierno. Se debe proceder pronto al pago de la deuda contraída por la Nación con las empresas comercializadoras, por concepto de subsidios al consumo de energía de los estratos 1, 2 y 3 ($3,6 billones). Colombia hoy tiene un déficit en oferta de energía firme (OEF) para 2026, de 2.2%, que representa aproximadamente 250 a 300 MW de capacidad firme faltante, equivalente a todo el consumo de una ciudad como Bucaramanga. Ello obedece al atraso en la ejecución de más de 4.000 MW de capacidad instalada.
En relación a los biocombustibles, es la propia AIE la que dice que “son una pieza clave dentro de la estrategia global para descarbonizar la economía”. Decimos esto, a propósito de la desprotección por parte del actual Gobierno, propiciando la invasión de etanol subsidiado desde EEUU.
Quien quiera que sea que asuma la conducción de los destinos nacionales a partir del 7 de agosto de 2026, debe saber que sólo triunfa quien pone la vela donde sopla el viento, jamás quien pretenda que el viento sople en donde pone la vela.