Hay frases que revelan mucho más de quien las pronuncia de lo que su autor imagina. La repetida afirmación de Abelardo de la Espriella según la cual “la ética no tiene nada que ver con el derecho” no es solamente una torpeza filosófica ni un exceso verbal de abogado mediático. Es algo más grave: una declaración que expone una comprensión peligrosamente empobrecida del sentido mismo del derecho.
Y lo digo no como espectador improvisado sino como alguien que estudió derecho y entendió desde temprano algo elemental: el derecho jamás ha podido desprenderse completamente de la ética porque toda norma jurídica presupone una idea —aunque sea mínima— sobre lo justo, lo digno, lo tolerable y lo humano.
Por eso me resulta intelectualmente sucio escuchar a un aspirante presidencial repetir semejante consigna con arrogancia profesoral, como si estuviera revelando un secreto sofisticado de filosofía jurídica a una multitud ignorante. Lo que hace es exactamente lo contrario: banalizar uno de los debates más delicados de la modernidad.
Porque sí, es cierto que derecho y ética no son idénticos. Nadie medianamente serio sostiene eso. La filosofía jurídica lleva siglos discutiendo la diferencia entre moral privada, normatividad jurídica y coacción estatal. Desde Hans Kelsen hasta H.L.A. Hart, el positivismo jurídico intentó separar el análisis técnico del derecho de los juicios morales absolutos. Pero convertir esa distinción metodológica en la grotesca frase “la ética no tiene nada que ver con el derecho” es una mutilación intelectual del problema.
Porque la historia demuestra lo contrario. La esclavitud fue legal, así como fueron legales la segregación racial y el apartheid. El nazismo produjo leyes impecablemente redactadas, las dictaduras latinoamericanas legislaron, firmaron decretos y administraron desapariciones con prolijidad burocrática.
Todo eso era derecho funcionando. Y precisamente por eso el siglo XX obligó a juristas como Gustav Radbruch a reconocer que existe un punto en el que una ley deja de ser legítima cuando se divorcia radicalmente de mínimos éticos de humanidad.
Ahí está el núcleo del problema que personajes como De la Espriella parecen incapaces de comprender —o peor aún: incapaces de asumir públicamente.
El derecho no es una máquina fría de reglamentos suspendida en el vacío. El derecho distribuye poder, castigo, protección, dignidad y violencia legítima. Decide qué vidas importan más, qué bienes merecen protección y qué sufrimientos son tolerables. Eso jamás ha sido éticamente neutro.
Toda norma jurídica contiene una antropología escondida. Incluso los sistemas jurídicos más técnicos descansan sobre valores: dignidad humana, libertad, igualdad, propiedad, orden, seguridad, autonomía, bien común.
Negarlo no es sofisticación jurídica. Es pereza conceptual.
Y resulta particularmente alarmante que semejante afirmación provenga de alguien que aspira a gobernar un país como Colombia, donde precisamente una de las tragedias históricas ha sido la capacidad de las élites para esconder enormes brutalidades detrás de formalismos legales.
Esa separación radical entre ética y derecho termina produciendo una figura peligrosísima: el profesional sin conciencia. El funcionario que dice: “Yo solo aplicaba la norma.” El abogado que cree que toda maniobra es válida mientras no viole expresamente un artículo. El político que piensa que la legalidad basta para absolver cualquier conducta. Esa mentalidad ha sido una de las grandes catástrofes morales de la modernidad burocrática.
Hannah Arendt lo entendió con claridad devastadora cuando habló de la banalidad del mal: atrocidades ejecutadas no necesariamente por monstruos delirantes, sino por individuos perfectamente funcionales que habían renunciado a pensar éticamente y se refugiaban en procedimientos, reglamentos y obediencias técnicas.
Por eso produce tanta inquietud ver a sectores religiosos —especialmente ciertos pastores evangélicos obsesionados con el poder— justificar cualquier exabrupto, vulgaridad o simplificación filosófica con tal de convertir a este personaje en presidente.
Hay algo profundamente contradictorio en escuchar a personas que llenan discursos con moral cristiana respaldar a un candidato que trivializa la relación entre ética y derecho. Pero la contradicción desaparece cuando uno entiende que para muchos de esos liderazgos religiosos la ética dejó de ser una reflexión sobre la dignidad humana y se convirtió simplemente en tribalismo político.
Todo se perdona si el candidato sirve a la causa. Y ahí aparece otra obscenidad contemporánea: la degradación de la ética en simple herramienta electoral.
Lo verdaderamente preocupante no es que De la Espriella desconozca debates sofisticados de filosofía jurídica. Lo grave es el tono de suficiencia con que convierte una discusión compleja en eslogan de macho alfa jurídico, despreciando además a quien lo interroga por no “tener formación en derecho”.
Como si estudiar derecho vacunara automáticamente contra la estupidez.
La experiencia demuestra más bien lo contrario: hay abogados brillantemente entrenados capaces de construir las justificaciones más elegantes para las peores infamias.
Por eso las democracias modernas necesitan algo más que juristas técnicamente competentes. Necesitan personas capaces de comprender que el derecho sin ética corre el riesgo de convertirse en mera ingeniería de obediencia.
Una injusticia puede estar perfectamente redactada.
Esa es la lección terrible que dejó el siglo XX. Y olvidarla —o burlarse de ella desde la arrogancia mediática— no es señal de inteligencia jurídica sino de una frivolidad peligrosísima.