“Los fuertes enfrentamientos entre el Presidente y la Corte Suprema de Justicia, y las acusaciones mutuas de complots y obstrucción de la justicia, solo dejaron perdedores del lado de las instituciones: de una parte, la Corte, que ha visto cuestionada su credibilidad ante la opinión pública y, de otra, la dignidad presidencial, que se desgasta en acaloradas trifulcas en y contra los medios de comunicación.
“Lo más preocupante de este enfrentamiento es la concepción que parece tener el presidente sobre las instituciones judiciales en el Estado de Derecho y que explicaría en buena parte la forma como se han planteado las relaciones entre el poder Ejecutivo y el Judicial en la actual administración.
“La respuesta del presidente ante las decisiones de las Cortes fue tajante: ‘En estos casos yo acostumbro apelar al juez principal del Estado de Derecho, que es la opinión pública’.
“Como simple lego sentí escalofrío cuando escuché semejante afirmación. Entonces, ¿la ‘opinión pública’ está por encima de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema y el Consejo de Estado? Entonces, ¿las decisiones de los jueces de la República deben ser supeditadas a los vaivenes de la opinión pública? Entonces, ¿la obligación de fallar en derecho que tienen los tribunales debe supeditarse a las vías de hecho que representa una votación mayoritaria? Entonces, ¿debemos volver las épocas del circo romano donde los aplausos o abucheos de una multitud eran los que decidían la vida o la muerte del gladiador?
“Hay en la afirmación presidencial una confusión grande sobre la independencia de los poderes en un sistema democrático. Respecto del Ejecutivo y el Legislativo, es cierto que la opinión pública es la autoridad suprema cuando se expresa a través del voto directo, pero nunca las decisiones del poder Judicial se someten a este procedimiento.
“Sería muy conveniente oír la opinión de los expertos en el tema porque hasta donde yo conozco la afirmación del presidente implica la negación misma de varios de los elementos esenciales del Estado de Derecho como la preeminencia de las leyes y el derecho para regir y ordenar la vida de la sociedad, la existencia de pesos y contrapesos y de instancias judiciales independientes. Si por encima de estas instituciones se impone una difusa ‘opinión pública’, que es volátil y manipulable, el sometimiento a la legalidad y la certidumbre del respeto al debido proceso es reemplazado por la arbitrariedad, con el peligro adicional del autoritarismo por parte de quienes se consideran los portavoces y representantes de esa opinión”.
Este texto no se refería a los recientes ataques del presidente Petro al Consejo de Estado ni a su llamado a que el pueblo constituyente “cambie los poderes que se oponen a sus derechos”. Lo escribí hace 19 años a propósito de declaraciones de Álvaro Uribe contra la Corte Suprema. Desafortunadamente, sigue vigente porque persiste el peligro de supeditar el Estado de Derecho al Estado de Opinión.
*Economista.