La triste propuesta del tigre

Durante años, como docente de Derecho Constitucional, enseñé con convicción que una de las lecciones más importantes que dejó la Segunda Guerra Mundial fue la necesidad de construir límites al poder de los Estados. Las atrocidades cometidas en nombre de la soberanía nacional demostraron que ningún gobierno debía ser el único árbitro de los derechos de sus ciudadanos. De esa conciencia surgieron las Naciones Unidas, el derecho internacional de los derechos humanos y un entramado de instituciones destinadas a proteger la dignidad humana, incluso frente a los propios gobiernos. Por eso resulta profundamente inquietante escuchar propuestas presidenciales que plantean la salida de Colombia de la ONU. Más allá de su viabilidad jurídica y política, la sola formulación de esta idea revela una preocupante desvalorización de las conquistas institucionales que la humanidad ha construido durante décadas para evitar que los abusos del poder vuelvan a repetirse. Los sistemas internacionales de protección de derechos no nacieron por capricho burocrático. Surgieron porque el mundo comprendió que los derechos fundamentales no podían depender exclusivamente de la voluntad de los gobernantes de turno. El principio de progresividad y no regresividad de los derechos humanos se edificó precisamente sobre la idea de que las sociedades deben avanzar en la ampliación de libertades y garantías, no retroceder en ellas. La propuesta genera además una legítima angustia entre grupos históricamente vulnerables. Particularmente entre las mujeres, quienes, aunque constituyen más de la mitad de la población, han visto cómo sus derechos suelen convertirse en moneda de cambio durante períodos de crisis política, económica o institucional. La historia demuestra que cuando se debilitan los controles democráticos y las garantías internacionales, los primeros derechos amenazados suelen ser aquellos conquistados por mujeres, minorías étnicas, personas LGBTIQ+ y otros sectores tradicionalmente excluidos. La pregunta que aún no tiene respuesta es cómo se materializaría una decisión de semejante magnitud. ¿Qué ocurriría con los compromisos internacionales adquiridos por Colombia? ¿Qué mensaje enviaríamos al mundo sobre nuestro compromiso con la protección de los derechos humanos? ¿Qué beneficios concretos justificarían abandonar una organización que nació precisamente para evitar que la humanidad repitiera los errores más oscuros de su historia? La ONU no es perfecta. Ninguna institución humana lo es. Puede y debe ser objeto de críticas y reformas. Pero una cosa es cuestionar su funcionamiento y otra muy distinta renunciar a los espacios multilaterales que permiten exigir estándares comunes de protección de la dignidad humana. Salir de la ONU no sería simplemente un giro en política exterior. Sería una decisión cargada de simbolismo. Significaría alejarnos de uno de los consensos civilizatorios más importantes del siglo XX: la convicción de que los derechos humanos son un patrimonio universal y que su protección no puede quedar exclusivamente en manos de los gobiernos nacionales.