En mi columna anterior dije que una condición esencial de La Resistencia de Getsemaní era su vocación de muy largo plazo.
A medida que avanzaron las conversaciones con líderes del barrio, con el equipo de formulación del PES y con el acompañamiento académico de la Universidad Nacional y ETH-Zúrich, fue quedando claro que en un entorno como Getsemaní no bastaba con pensar en vivienda social como normalmente se ha pensado en Colombia. En barrios patrimoniales sometidos a una fuerte presión sobre el valor del suelo por efectos del turismo, la especulación inmobiliaria y el cambio acelerado de usos, el modelo centrado en entregar propiedad individual termina siendo insuficiente o simplemente inviable.
Ese diagnóstico no salió de una intuición. La investigación adelantada en 2023 por los equipos de la UNAL y ETH partió precisamente de analizar referentes internacionales, revisar posibles figuras asociativas y estudiar los patrones de habitabilidad del barrio, con trabajo de campo, entrevistas y espacios de discusión con actores comunitarios y con quienes venían impulsando el PES. De allí surgió una conclusión decisiva: si el objetivo era proteger la permanencia, había que pensar en modelos capaces de aislar la vivienda de las dinámicas del mercado inmobiliario.
Por eso empezó a tomar fuerza la idea de los modelos asociativos, no como una moda importada ni como una fórmula rígida, sino como una respuesta adaptada a un problema muy concreto y local. Lo que estos modelos proponen es separar la propiedad del suelo o del inmueble, de la posibilidad de habitarlo, y esa separación cambia mucho, porque cuando el derecho a permanecer depende menos de la capacidad de comprar y vender, y más de unas reglas claras de acceso, uso, convivencia y permanencia, la vivienda deja de estar condicionada por la especulación.
Dicho de otra manera: desmercantilizar la vivienda no significa negar su valor económico. Significa reconocer que, en ciertos contextos, su valor social y cultural debe ser protegido con mucha firmesa. En Getsemaní, donde la habitabilidad es condición para la preservación de la vida de barrio, esa discusión no es ideológica. Es práctica.
Por supuesto, nada de esto elimina las dificultades. Diseñar un modelo de renta a largo plazo, con gobernanza participativa y sostenibilidad financiera, es más complejo que vender apartamentos. Exige reglas, confianza, institucionalidad, acompañamiento y disciplina; pero precisamente por eso ofrece algo que el mercado, por sí solo, no puede garantizar: una posibilidad real de permanencia. El propio diagnóstico planteó que un esquema de arrendamiento, con mecanismos de gestión permanente y la posibilidad eventual de un traspaso colectivo, podía ayudar a evitar la especulación futura de la vivienda.
Ese fue uno de los primeros grandes aprendizajes del proceso: que en Getsemaní, para cuidar la vida de barrio, no siempre hay que pensar primero en la propiedad; a veces hay que pensar, antes que nada, en el derecho duradero a habitar.