Colombia atraviesa una hora decisiva para su ciencia agropecuaria. La situación de AGROSAVIA exige la atención inmediata del Gobierno Nacional, del Congreso, de las universidades, de los productores y de las comunidades rurales, y del gobierno que asumirá funciones el 7 de agosto de 2026. La discusión trasciende una situación presupuestal más dentro de la vigencia fiscal para poner en jaque la continuidad de capacidades científicas, tecnológicas, territoriales y patrimoniales construidas durante décadas al servicio del campo colombiano.
AGROSAVIA ocupa un lugar singular dentro del sistema colombiano de ciencia, tecnología e innovación. Su misión articula la investigación agropecuaria, la transferencia tecnológica, la conservación de los recursos genéticos, el apoyo a los sistemas productivos regionales y la generación de conocimiento aplicado para el campo. Esa función estratégica para la nación colombiana no puede sostenerse con incertidumbre permanente, ni con decisiones presupuestales que cambian año a año, ni con procesos de reorganización que no estén respaldados por evaluaciones técnicas rigurosas, requiere estabilidad, independencia técnica y financiación compatible con procesos a largo plazo. Variedades vegetales, líneas de investigación, el cuidado de bancos de germoplasma o programas de sanidad animal y/o vegetal obedecen a ciclos científicos que exceden la vigencia fiscal anual, requieren estabilidad, memoria institucional, equipos humanos calificados, infraestructura, laboratorios, datos, continuidad territorial y confianza pública.
La crisis actual tiene varias dimensiones. La primera es financiera. La reducción de recursos en las últimas vigencias ha puesto presión sobre los programas, los centros de investigación, los proyectos territoriales y los equipos humanos. Las cifras oficiales y las comunicaciones públicas conocidas muestran una caída significativa del presupuesto respecto de años anteriores. Esa tendencia, sumada a la incertidumbre sobre 2027, ha obligado a Agrosavia a operar sin garantías suficientes, comprometiendo su funcionamiento interno y la capacidad del país para responder a los desafíos productivos, sanitarios, climáticos y alimentarios del sector agropecuario.
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Santiago RománLa segunda dimensión es laboral. La investigación depende de personas formadas con paciencia institucional. Investigadores, técnicos de campo, curadores de colecciones, profesionales de laboratorio, administradores de datos y equipos administrativos y trabajadores regionales sostienen, día a día, una capacidad que el país no puede reconstruir de un momento a otro. La pérdida de talento, memoria institucional y capacidades científicas acumuladas genera costos invisibles: protocolos interrumpidos, saber práctico disperso, vínculos territoriales debilitados y una menor capacidad de respuesta ante emergencias sanitarias, climáticas o productivas.
La tercera dimensión es patrimonial. Los bancos de germoplasma constituyen una reserva biológica esencial para la nación y la agricultura colombianas. Allí se conserva parte de la memoria genética del país y se construyen herramientas concretas para enfrentar plagas, enfermedades, la variabilidad climática y la transformación de los sistemas productivos. Su administración exige reglas técnicas estables, acceso transparente, trazabilidad, custodia especializada y orientación científica. Cualquier modificación debe estar precedida por una evaluación técnica rigurosa e independiente, por deliberación pública, por trazabilidad, por garantías presupuestales y por la participación de las comunidades científicas que han construido y sostenido esas capacidades.
La cuarta dimensión es misional. La orientación de la investigación hacia los pequeños productores, la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria, la adaptación climática y la productividad sostenible resulta legítima y necesaria. Esa orientación requiere más ciencia, mejores datos, mayor capacidad experimental y vínculos territoriales más sólidos y una agenda pública basada en evidencia. La política pública agropecuaria gana fuerza cuando se apoya en instituciones científicas sólidas. Pierde eficacia al sustituir la continuidad técnica por una reorganización permanente y sin rigor científico.
Por eso, el país debe distinguir entre un proceso de reforma legítima para fortalecer la ciencia agropecuaria y una reorganización que, bajo el discurso del cambio, termine por fragmentar capacidades, debilitar equipos y trasladar funciones estratégicas sin una evaluación pública, rigurosa y verificable.
Desde la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (ACCEFYN) proponemos leer esta coyuntura como una oportunidad de corrección institucional. Pero esa corrección debe traducirse en decisiones concretas, no en declaraciones generales. AGROSAVIA requiere un plan de estabilización con un horizonte claro, compromisos verificables y la participación de actores científicos independientes.
Ese plan debería organizarse en tres etapas. En el corto plazo, el Gobierno Nacional debe garantizar recursos suficientes para cerrar la vigencia de 2026 con una operación estable. La prioridad debe proteger los bancos de germoplasma, los centros de investigación, los laboratorios, los proyectos críticos y los equipos humanos esenciales para dar continuidad a los procesos institucionales. También conviene publicar una matriz de riesgos que precise los programas afectados, las obligaciones financieras, los proyectos suspendidos o amenazados, las necesidades mínimas de funcionamiento y las consecuencias concretas de no financiar adecuadamente a la Corporación. En ese mismo horizonte debe instalarse una mesa técnica de alto nivel, con capacidad real para adoptar decisiones, compromisos presupuestales verificables y garantías concretas para proteger las capacidades científicas, laborales y patrimoniales de AGROSAVIA. Su composición debería incluir al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Hacienda, AGROSAVIA, representantes de los trabajadores, universidades, academias científicas, centros de investigación, productores, comunidades rurales y expertos independientes. Su mandato debería centrarse en el presupuesto, la gobernanza del germoplasma, la continuidad laboral, la agenda científica y los criterios de priorización. Cada sesión debería dejar constancia en actas públicas, compromisos fechados e indicadores de seguimiento.
A mediano plazo, el país necesita revisar y fortalecer la gobernanza de AGROSAVIA. La entidad requiere reglas que aseguren la independencia científica, la evaluación externa, la pluralidad territorial y la protección frente a los ciclos políticos cortos. La política agropecuaria debe orientar las prioridades nacionales; la ciencia debe conservar el método, la evidencia, la revisión técnica y la continuidad. Esa relación virtuosa exige límites claros entre la dirección política, la ejecución científica y la evaluación especializada del más alto nivel. También resulta urgente definir una política clara de acceso y protección de los recursos estratégicos. Bancos de germoplasma, datos, colecciones, biobancos, plataformas tecnológicas y laboratorios financiados con recursos públicos deben operar bajo criterios de acceso equitativo, seguridad, trazabilidad, mérito científico y servicio al interés general. Las universidades, los centros públicos y privados, las organizaciones mixtas y las comunidades con capacidad técnica deben establecer reglas claras. El conocimiento financiado por la sociedad debe estar al servicio del país.
A largo plazo, Colombia debe adoptar una política nacional de investigación agropecuaria con un horizonte de al menos 20 años. Esa política debe priorizar el mejoramiento genético, el uso y la vocación del suelo, la sanidad vegetal y animal, los bioinsumos, la agrobiodiversidad, la agricultura digital, la sostenibilidad de los sistemas productivos, la economía rural, la transferencia tecnológica y la formación de jóvenes investigadores. El campo colombiano enfrenta problemas antiguos bajo nuevas presiones: crisis climática, pérdida de biodiversidad, inseguridad alimentaria, enfermedades emergentes, rezago tecnológico y desigualdad territorial. La respuesta requiere instituciones con memoria, recursos y autonomía técnica. Esa política debe estar respaldada por un fondo estable para la ciencia agropecuaria pública. La asignación anual sometida a incertidumbre permanente genera fragilidad institucional. Un fondo plurianual permitiría financiar programas de largo aliento, cooperación internacional, infraestructura, mantenimiento de colecciones, modernización de laboratorios y redes regionales de innovación. La estabilidad presupuestal constituye una condición mínima para la calidad científica.
El gobierno entrante tiene una responsabilidad histórica frente a la capacidad del país para producir ciencia propia y el próximo gobierno tendrá una responsabilidad mayor para aterrizar una política agropecuaria basada en el conocimiento. AGROSAVIA puede convertirse en un símbolo de recuperación institucional o en una señal de deterioro acumulado. La decisión está en la manera de actuar: asegurar la financiación, ordenar la gobernanza, proteger los bancos de germoplasma, recuperar la confianza laboral y construir una agenda científica con respaldo nacional.
La ACCEFYN formula este llamado con respeto y sentido de urgencia. La ciencia agropecuaria desempeña un papel esencial en la vida cotidiana del país. Detrás de cada cultivo, de cada semilla, de cada sistema productivo y de cada respuesta frente a una enfermedad o una sequía, hay investigación previa. Esa investigación demanda tiempo, rigor y comunidades científicas estables y decisiones públicas responsables.
AGROSAVIA debe ser salvada, estabilizada y proyectada. El país debería responder con grandeza. Una política pública seria podría convertir la crisis actual en un punto de inflexión. Colombia cuenta con talento científico, tradición agropecuaria, diversidad biológica y universidades capaces de acompañar este esfuerzo. Hace falta una decisión: tratar la ciencia agropecuaria como infraestructura estratégica de la nación. El gobierno que tomará posesión el 7 de agosto de 2026 tiene ante sí una tarea concreta: salvar, estabilizar y proyectar a AGROSAVIA. La seguridad alimentaria, la adaptación al cambio climático, la productividad rural y la independencia científica dependen, en parte, de esa decisión. La historia institucional del país juzgará este momento por su capacidad para proteger aquello que tarda décadas en construirse.
La historia institucional del país juzgará este momento por su capacidad para proteger aquello que tarda décadas en construirse y que puede perderse, por omisión o indiferencia, en muy poco tiempo.
Presidente de la ACCEFYN