La crisis del gas natural que hoy enfrenta Colombia no fue un accidente ni una sorpresa. Era una contingencia anunciada. Durante más de dos décadas, la UPME advirtió que, sin nuevas reservas, mayor actividad exploratoria y la expansión de la infraestructura de transporte e importación, el país terminaría enfrentando un déficit de oferta. Según sus proyecciones, el país entraría en una situación de déficit estructural de gas natural alrededor de 2023, si no se incorporaban nuevas fuentes de producción o de importación. La crisis del gas natural en Colombia, entonces, no fue un hecho imprevisible.
La peor respuesta frente a un riesgo anunciado es el negacionismo. Cuando la evidencia técnica es sustituida por discursos políticos o convicciones ideológicas, el Estado pierde la capacidad de anticiparse a los problemas. En el sector energético el tiempo es un recurso escaso: entre el descubrimiento de un yacimiento y su entrada en producción pueden transcurrir entre 5 y 10 años. Cada decisión aplazada se convierte en un problema para el futuro.
Durante la administración del presidente Gustavo Petro, su política energética errada y errática estuvo marcada por la incertidumbre, sobre todo después de su desatentada decisión de descartar la firma de nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, enviando señales contradictorias a los inversionistas. Al propio tiempo, los entonces ministros de Minas y Energía, Irene Vélez y Andrés Camacho, para justificarla, le restaron importancia a las advertencias sobre el deterioro del balance entre oferta y demanda de gas, por parte de la UPME.
Mientras la ministra Irene Vélez afirmaba a pie juntillas, basada en un informe apócrifo de la ANH, que Colombia tenía asegurado el abastecimiento de gas natural hasta el 2042, su sucesor Andrés Camacho adujo en 2023, cuando las empresas comercializadoras lo delataron, que en Colombia no había déficit ni escasez de gas natural, que en su lugar se estaba dando era un acaparamiento del mismo por parte de algunas empresas y por lo tanto no había necesidad de importar gas para cubrir la demanda esencial. De este modo se perdieron prácticamente tres años para tomar las decisiones requeridas para el montaje de otras plantas regasificadoras y así poder ampliar la capacidad de importar gas.
Mientras el debate político giraba alrededor de narrativas, la realidad seguía su curso. La producción nacional disminuyó, las reservas continuaron reduciéndose y la demanda mantuvo su crecimiento. El resultado fue el estrechamiento del margen de seguridad del sistema, el incremento de las importaciones de gas natural licuado y mayores costos para los usuarios, la industria y el sector eléctrico.
De allí que sólo se cuenta con una sola planta regasificadora (la SPEC en Cartagena), que viene operando al límite de su capacidad, en momentos en que para enfrentar al Súper Niño, el parque térmico de generación debe operar a full para suplir la energía que dejan de generar las hídricas; para elevar el nivel agregado de sus embalses hasta el 80% se enfrenta ese cuello de botella, abocando al país a un riesgo inminente de racionamiento del suministro de gas en simultánea con el de energía.
La improvisación es costosa, el negacionismo, mucho más. Un gobierno puede equivocarse en sus decisiones, pero resulta particularmente grave cuando desestima las alertas de sus propias instituciones técnicas. La planeación energética no admite voluntarismos. Las moléculas de gas no aparecen por decreto ni responden a discursos. Requieren exploración, inversión, infraestructura y reglas de juego estables.