El Niño ya no es una posibilidad remota. El Ideam informó el 10 de septiembre que existe probabilidad superior al 90% de que alcance una intensidad muy fuerte entre el último trimestre de 2026 y el primero de 2027. Para un país que en 2025 produjo el 80,68% de su electricidad con generación hidráulica, la alerta es clara: menos lluvias significan menor aporte a los embalses, mayor uso de generación térmica y, por tanto, energía más costosa.
Ante este escenario, la CREG estableció un programa de ahorro para usuarios regulados comerciales e industriales. La meta se calcula con la mediana del consumo diario de los doce meses anteriores: se reconoce el ahorro cuando el consumo baja del 90% y se contemplan cobros cuando supera el 110%. El primer ciclo será pedagógico. La medida busca proteger la confiabilidad del sistema, pero su impacto no será igual en todo el país.
En el Caribe, climatizar, ventilar o refrigerar no es un lujo ni siempre admite recortes. Es indispensable para conservar alimentos y medicamentos, proteger insumos, sostener procesos productivos y trabajar en condiciones seguras. Además, el calor obliga a los equipos a funcionar durante más tiempo y con menor eficiencia. La Agencia Internacional de Energía estima que, en Brasil, cada grado adicional de temperatura suma 3,6 GW a la demanda máxima. Consumir más durante una ola de calor no demuestra, por sí solo, un uso ineficiente de la energía.
La dimensión empresarial exige cuidado. Los siete departamentos continentales del Caribe reúnen cerca de 347.000 unidades económicas, el 17,3% del total nacional. En Cartagena, nuestro Censo Empresarial 2026 registró 42.762 negocios. Para estas empresas, la energía es un costo decisivo: un estudio de Energy Master encontró que concentró el 95% del gasto empresarial en servicios públicos y que su tarifa aumentó 32% entre junio de 2023 y junio de 2024 en Bolívar.
Una meta uniforme, que no considere temperatura, humedad, actividad económica y exposición térmica, puede convertir un incentivo al ahorro en una penalización a la producción. Menos margen y capital de trabajo significan inversiones aplazadas y, para los negocios más vulnerables, menos jornadas, empleo o capacidad de atención. No es solo una discusión tarifaria: están en juego la productividad y la competitividad regional.
También debemos mirar la oferta. Reducir temporalmente los gravámenes efectivos sobre el gas importado para las plantas térmicas, incluido el asociado al carbono, podría disminuir los costos de generación, siempre que el beneficio se traslade al sistema. Cartagena tiene una posición estratégica: su terminal de regasificación puede respaldar cerca de 2.000 MW, equivalentes al 60% de la capacidad térmica a gas del país. Un combustible más competitivo permitiría preservar los embalses, reducir el riesgo de racionamiento y fortalecer el aporte del Caribe a la seguridad energética nacional.
Ahorrar energía es una responsabilidad compartida; distribuir ese esfuerzo con equidad también lo es. La pregunta de fondo es sencilla: ¿cómo protegemos la seguridad energética del país sin pedirles a las empresas del Caribe que paguen por un clima que no pueden apagar?