En el país está ocurriendo una emergencia silenciosa que exige una respuesta ejecutiva inmediata. Desde hace meses, miles de pacientes viven sin acceso a medicamentos esenciales. No se trata de un problema aislado, es un desabastecimiento real, heredado de la incompetencia y el desorden administrativo del gobierno anterior, y que el actual por su corto tiempo de gestión aún no logra visibilizar ni enfrentar. La Clozapina, medicamento esencial para tratar personas con esquizofrenia, no está disponible en ninguna farmacia del territorio nacional.
La carencia de Clozapina es crítica para el sostenimiento de los tratamientos psiquiátricos, porque no tiene sustituto directo. Está indicada en pacientes con esquizofrenia, específicamente en aquellos que presentan resistencia a los psicofármacos convencionales; y de estos, muy especialmente para los que tienen intención suicida. Las consecuencias apenas comienzan: enfermos mentales que estaban estables han recaído. Familias que habían recuperado la tranquilidad hoy enfrentan crisis psiquiátricas evitables. Clínicas psiquiátricas atendiendo más descompensaciones, más episodios críticos de agitación y de agresividad difíciles de contener.
La interrupción abrupta de medicamentos como la Clozapina constituye una amenaza directa a la salud mental y a la vida de miles de enfermos mentales, extendida a sus familiares, cuidadores y a la comunidad en general. Tristemente ya hemos visto casos fatales en el país que pudieron ser evitados, determinados por fallas en el cumplimiento terapéutico; como el acontecido recientemente en el barrio Los Alpes, donde lamentable se perdió de una valiosa vida humana.
El actual gobierno heredó una cadena de suministro debilitada, licencias sin renovar por el Invima, operadores saturados y una dependencia excesiva de pocos proveedores internacionales. El terremoto solo profundizó una crisis que ya estaba en marcha; pero reconocer el origen no basta. La urgencia es ahora. La responsabilidad es ahora. La acción debe ser inmediata. Colombia no puede normalizar que los tratamientos esenciales: psiquiátricos, anticonvulsivantes, antihipertensivos, insulinas o quimioterapias desaparezcan sin que hayan sujetos disciplinaria y penalmente responsables. No podemos aceptar que la continuidad terapéutica y en consecuencia la vida de compatriotas dependa de la suerte o de la improvisación.
La prensa tiene un papel decisivo: visibilizar lo que está ocurriendo, exigir explicaciones, presionar soluciones y evitar que esta crisis quede enterrada bajo el ruido político. La salud pública no puede ser un daño colateral de la ineptitud, de la corrupción, ni de la burocracia del gobierno pasado; mucho menos, de la transición entre administraciones. La falta de medicamentos esenciales es una alarma grave, y las recaídas que ya estamos viendo son la prueba más dolorosa. Colombia merece una respuesta urgente, transparente y coordinada. Lo contrario sería aceptar que la vida de miles de colombianos es prescindible, y eso, como país, resulta muy grave y es inaceptable.