Ha vuelto a plantearse en Cartagena la posibilidad de que el Distrito retome directamente la operación de los servicios de acueducto y alcantarillado. Es una discusión legítima, especialmente cuando los ciudadanos expresan inconformidades por el deterioro en el servicio de Aguas de Cartagena; pero una decisión de esta magnitud debe tomarse con base en la evidencia y en la memoria histórica de la ciudad.
Antes de la creación de Aguas de Cartagena, los servicios eran prestados por las Empresas Públicas Distritales. Al final de su existencia, esta entidad atravesaba una profunda crisis financiera y administrativa. Su déficit superaba los 35.000 millones de pesos de la época y la burocracia había alcanzado niveles difíciles de sostener: tenía cerca de 2.000 empleados, cuando diversas evaluaciones indicaban que podía funcionar con 500.
Los efectos de esa situación recaían directamente sobre los usuarios. En numerosos barrios eran frecuentes los cortes de agua, la baja presión y las deficiencias en el alcantarillado. La Corte Constitucional documentó problemas de infraestructura insuficiente, rebosamientos de redes sanitarias, presencia de aguas servidas en las calles y una prestación deficiente del servicio.
La creación de Aguas de Cartagena en 1995 fue una respuesta a una realidad insostenible. El Distrito mantuvo una participación determinante, pero incorporó un operador especializado para aportar capacidad técnica, gestión empresarial e inversión.
Tres décadas después, se ha ampliado el acceso a los servicios alcanzando mejores coberturas. Sin embargo, reconocer esos avances no significa negar los problemas actuales. Los cartageneros tienen razones válidas para exigir mejoras. Las interrupciones ocasionadas por rupturas de tuberías, mantenimientos de emergencia, eventos asociados a la calidad del agua cruda y otras contingencias operativas demuestran que existen desafíos importantes en materia de confiabilidad y resiliencia del sistema.
Precisamente por eso el debate debería centrarse en cómo mejorar la prestación del servicio y no en desmontar automáticamente el modelo vigente. La pregunta de fondo no es si una empresa pública es mejor o peor que una empresa mixta. La pregunta es si el Distrito cuenta con las capacidades institucionales, financieras y técnicas necesarias para evitar los problemas que condujeron a la liquidación de las Empresas Públicas Distritales.
La experiencia enseña que las buenas intenciones no bastan. Sin disciplina financiera, gobierno corporativo sólido y protección frente a las presiones políticas, cualquier operador puede deteriorarse. Cartagena necesita corregir las fallas actuales, exigir mayores niveles de desempeño e impulsar las inversiones que demanda una ciudad en crecimiento; pero también debe evitar la tentación de olvidar las lecciones de su propia historia.