El costo y el origen de los recursos utilizados para adecuar el despacho alterno que tendrá el presidente Abelardo De La Espriella en la Segunda Brigada del Ejército, en Barranquilla, no están claros. En entrevista con Blu Radio, emitida el 30 de julio, el gobernador Eduardo Verano dijo que las adecuaciones superarían los $2.000 millones y que serían financiadas con plata pública y privada.
Sin embargo, una fuente de la Gobernación, que pidió no ser identificada, le reconoció a La Contratopedia Caribe que el gobernador se equivocó al referirse tanto al costo como al origen de los recursos utilizados en esas obras.
La Oficina de Comunicaciones de la entidad le informó a este medio que no hay recursos públicos del Atlántico involucrados y que los cerca de $2.000 millones mencionados por Verano corresponden a una intervención realizada en la edificación durante su primer gobierno, entre 2008 y 2011, con recursos de la tasa de seguridad.
Aunque el inmueble pertenece al Ejército Nacional y será destinado al funcionamiento de dependencias de la Presidencia, Verano se ha convertido en el principal vocero público de las obras. El 17 de julio publicó en su cuenta de X fotografías de la remodelación como parte del apoyo de su administración al presidente electo.
Hasta ahora, una de las pocas certezas sobre la remodelación es que entre sus financiadores están los hermanos Christian y José Manuel Daes Abuchaibe, dueños de Tecnoglass y megacontratistas de Barranquilla (una de sus empresas es socia del alumbrado público). No se conoce el monto de su aporte; tampoco si fue realizado a título personal o por medio de Tecnoglass, ni si existen documentos que lo formalicen.
La participación de los Daes tiene relevancia por su relación previa con De La Espriella, quien fue su abogado, y porque se trata de particulares que están aportando recursos para adecuar un inmueble destinado al ejercicio de funciones públicas, no para una actividad privada.
El asunto también es relevante a la luz de antecedentes recientes que muestran por qué deben conocerse y vigilarse las relaciones entre particulares con intereses en la contratación pública y quienes llegan al poder. La Silla Vacía documentó que el empresario Euclides Torres financió actividades de la campaña presidencial de Gustavo Petro y que, durante su administración, empresas de su grupo familiar recibieron contratos por cerca de $180.000 millones.
Ese antecedente no permite afirmar que el aporte de los Daes implique una contraprestación futura, pero sí demuestra por qué este tipo de contribuciones deben tener trazabilidad y reglas claras.
Y, hasta ahora, las contradicciones oficiales y la falta de información básica sobre la adecuación de una sede alterna de la Presidencia no envían una buena señal. Mucho menos cuando el nuevo Gobierno está a punto de reemplazar a otro que sale por la puerta de atrás, marcado por la corrupción y por los innumerables cuestionamientos sobre sus relaciones con financiadores, contratistas y varios particulares poderosos.