Uno de los innumerables desafíos que debe abordar el gobierno entrante, de los muchos que han de ser prioritarios encabezado por las soluciones inmediatas para mitigar la tragedia del terremoto del pasado lunes 10 de agosto, será el tema educativo en todos los niveles, e independiente al sector de que se trate.
En este corto artículo miraremos el tema de acceso, permanencia, calidad y sostenibilidad económica del sistema educativo, así como el primer proyecto de ley que se presenta para mejorar estos indicadores y corregir otros.
Un último estudio realizado por la Contraloría General de la República, para el período 2021-2025, muestra un retroceso en la tendencia anterior a dicho período y presenta un oscuro panorama fiscal - financiero para el mediano plazo, más que todo en el ámbito de la educación pública superior.
En cuanto al acceso, el 51% de los estudiantes que egresan de la educación media en Colombia hoy, no ingresan a la educación superior el año inmediatamente siguiente a la culminación de sus estudios, en un rango de edad entre los 17 y 21 años. Llama la atención los motivos o causas por las cuales este acceso es muy limitado o deficiente: falta de interés por estudiar, los elevados costos educativos y la necesidad de trabajar para obtener un ingreso propio o compartido con la familia, en ese orden de importancia.
En cuanto a los resultados de las pruebas Saber Pro y Saber T y T, durante el período de los cinco años en estudio, el puntaje promedio nacional de Saber Pro se situó en el 48.5%, mientras que en las pruebas Saber T y T, alcanzó el 45.9%, resultados que se situaron por debajo de la mitad del puntaje máximo posible, lo que cuestiona claramente un proceso deficiente en calidad, independiente a los esfuerzos de ampliación de cobertura, que no logran compensar armónicamente las dos variables; dónde se observa una ligera mejoría en la matrícula total, que aumentó de 2.4 millones de estudiantes en 2021, a 2.7 millones en 2025; crecimiento que no fue suficiente, más bien vegetativo, como para garantizar una oportuna incorporación de bachilleres al sistema de educación superior.
Ello, sitúa a Colombia en más de 21 puntos porcentuales por debajo del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), lo que exigiría el diseño de una estrategia de política educativa y mejoramiento de procesos a muy corto plazo, desde la educación básica secundaria y media.
En cuanto a la deserción, el sistema de educación superior enfrenta una tasa nacional del 8.97%, que podríamos calificar de manejable a crítica; sin embargo, cuando vemos la tasa que enfrenta la formación técnica profesional de 17.18%, la situación es preocupante y tenderá a agravarse.
Finalmente, el tema fiscal y de sostenibilidad financiera de la educación superior, no solo es altamente delicado, sino que desnuda una inequidad en la distribución de ingresos y concentración de asignaciones: la universidad pública duplicó el ingreso, a pesar de su dependencia fiscal por transferencias directas de la Nación, de 7.9 a 14.2 billones en cinco años. La Universidad Nacional, de Antioquia, del Valle y UNAD, acaparan el 48% de esos ingresos. En contraste, el pasivo pensional público asciende a 10.3 billones y el manejo de los recursos genera muchas dudas, al reportarse 130 hallazgos fiscales por la Contraloría, que sumarían unos 177 mil millones, por posibles irregularidades contractuales en el anterior gobierno.
El Proyecto de Ley 074 de julio 20 de 2026, radicado por el representante a la Cámara Daniel Briceño, del partido Centro Democrático, apunta concretamente a optimizar los procesos en la educación escolar pública, cualificando, mediante el mejoramiento continuo del profesorado, la producción académica y la docencia oficial, para lo cual plantea los siguientes objetivos: evaluación docente para ingreso y permanencia en el sistema; no participación política de docentes y freno a la ideologización de estudiantes; educación de calidad para niños de estratos 1 y 2; mejor infraestructura y tecnología para instituciones educativas oficiales y mayores colegios públicos en concesión, como existió años anteriores en alianzas exitosas con Cajas de Compensación Familiar.
Luego vendría la implementación de la reforma a la ley 30 de 1992, pero esa será otra discusión y otro reto enorme.