El inicio de un nuevo periodo presidencial trae consigo no solo el relevo en el poder, sino la renovación de esperanzas para todos los ciudadanos y especialmente para los sectores más vulnerables de la sociedad. En el caso de Colombia, esto se ha hecho aún más palpable ante el desastre natural que nos sobrevino el primer día hábil después del cambio de mando. La atención del país está puesta en el padecimiento de quienes lamentablemente resultaron afectados.
En esta ocasión, la marcada expectativa frente a una de las propuestas del Gobierno entrante, que ha definido a las personas en condición de discapacidad, a los adultos mayores y a sus cuidadores como una “prioridad superior”, se convierte en una necesidad imperiosa que no da espera. Sin embargo, para que no se quede en una suma de buenas intenciones debemos ser conscientes de dónde partimos y qué necesitamos realmente para que el cuidado sea un derecho efectivo y no una carga heroica y solitaria.
Colombia, fiel a su tradición de “país de leyes”, cuenta con un marco normativo y de política pública que, en el papel, parece robusto. Desde la Constitución de 1991 hasta recientes leyes y tres documentos CONPES expedidos entre 2023 y 2026, existe un andamiaje normativo que ordena proteger la dignidad y garantizar la educación, la salud y la integración social de esta población. Incluso reconoce el cuidado como una labor social y económica que todavía no se materializa en un sistema de protección real.
El escenario que enfrentamos diariamente es crítico en cuanto a atención, inclusión y materialización de beneficios. Es aquí donde la nueva administración tiene su mayor reto: más que nuevas reformas, lo que se requiere es una urgente capacidad de gestión e implementación gerencial. El diagnóstico técnico nos indica que, aunque hay miles de millones asignados en presupuestos CONPES, no existe claridad suficiente sobre los planes de acción ni sobre sus porcentajes de avance. Tenemos un sistema macrocefálico en normas, pero paralizado en sus extremidades operativas.
Esta postración del Estado ha llevado a que la sociedad civil y los dolientes directos se organicen para hacerse oír, como lo demuestran federaciones y colectivos que han impulsado leyes y sistemas locales de cuidado. Mi visión sobre este asunto, en cambio, proviene no solamente de mis tres décadas en el servicio público o de mi formación jurídica, sino, por sobre todo, de mi rol como madre a cargo de un hijo con discapacidad cognitiva y física y como hija de padres que superan los 80 años.
Como miles de familias colombianas, hemos sufrido las vicisitudes de una atención tardía, humillante y “rogada”. Conozco de primera mano la soledad, el desgaste físico y emocional y la invisibilidad de quien cuida. Por eso recibimos con beneplácito la propuesta del nuevo Gobierno de crear una autoridad transversal del más alto nivel: una Consejería Presidencial que no sea decorativa, sino que tenga dientes reales para coordinar, exigir, desbloquear y empujar a los diferentes sectores.
La verdadera “revolución” del cuidado no será la suma de más burocracia, sino la capacidad de las nuevas autoridades para gerenciar los recursos existentes, simplificar trámites, eliminar trabas, dignificar la atención y generar confianza tanto en el sector productivo como en la ciudadanía.
La calamidad que hoy enfrentan muchos de nuestros hermanos en las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto se convierte también en la oportunidad para materializar un sistema real y eficaz de cuidado de adultos mayores, personas con discapacidad y sus cuidadores. Muchos de ellos afrontan hoy una situación de mayor vulnerabilidad e indefensión en esos territorios y claman por ayuda urgente y acceso prioritario a servicios que garanticen su bienestar integral.
Colombia no necesita más promesas escritas en marcos normativos complejos; necesita planes de acción con metas verificables y un seguimiento efectivo desde la institucionalidad que, además, saque del anonimato a millones de ciudadanos y les brinde la protección tan anhelada.
Es momento de pasar de la ética de la “atención tardía” a una ética pública del cuidado, la autonomía y la gratitud real.
*Abogada LL.M., Master en Derecho Internacional. Especialista en Derecho Comercial, Derecho Administrativo y Propiedad Intelectual. Ex Superintendente de Industria y Comercio. Catedrática universitaria y Consultora LLL independiente. Y ante todo, madre al cuidado.