Una semana después de la posesión de Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia, De La Espriella Lawyers Enterprise -la empresa de abogados que fundó el ahora mandatario- firmó un contrato con la Alcaldía de Barranquilla, encabezada por su aliado Alejandro Char.
La administración charista contrató al bufete el 14 de agosto para asumir parte de la defensa judicial y extrajudicial del Distrito. Según documentos de abril pasado, De La Espriella tenía entonces el 45,5% de participación accionaria en esa firma.
El nuevo contrato, por $297’500.000, abre interrogantes sobre qué tan separada quedó la actividad del bufete de la nueva condición de De La Espriella como presidente. Desde el 15 de abril, la representación legal de De La Espriella Lawyers Enterprise quedó en manos de personas de su círculo familiar: su cuñada Lilian María Pineda figura como representante legal suplente, y el esposo de ella, Carlos Javier Sánchez, como representante legal principal.

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RICARDO CHICA GELIZAdemás, la primera dama Ana Lucía Pineda presidió la asamblea extraordinaria en la que se formalizaron esos cambios. Y hasta hace unas semanas las oficinas del bufete en Barranquilla sirvieron de sede para varias reuniones de De La Espriella -entonces presidente electo- con integrantes del gabinete que comenzó a nombrar después de su posesión.
El contrato también tiene una arista política: la entidad contratante es una Alcaldía en manos de los Char. Ese grupo no sólo respaldó la candidatura presidencial de De La Espriella, sino que, de cara a la segunda vuelta, hubo denuncias de presiones a contratistas distritales para conseguirle votos. Hoy el charismo tiene representación en el Gobierno Nacional con Elsa Noguera como ministra de Transporte.
Este es el tercer contrato que De La Espriella Lawyers Enterprise firma con el gobierno de Char desde 2025. El bufete representa al Distrito, entre otros asuntos, en procesos de alto impacto para sus finanzas, como las dos demandas presentadas por Asobancaria y Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC (Movistar). Los demandantes buscan tumbar el aumento de la tarifa del Impuesto de Industria y Comercio, que el Concejo aprobó en 2023 y triplicó su monto de pago por ese impuesto.
Los tres contratos suman más de $1.249 millones en honorarios fijos, sin contar las primas de éxito pactadas, que van del 1% al 3% del valor de las pretensiones de cada uno de los procesos si resultan en decisiones de segunda instancia favorables al Distrito.
La Contratopedia Caribe consultó a De La Espriella Lawyers Enterprise para saber qué pasó con el 45,5% de participación accionaria que tenía De La Espriella y cuál es hoy su relación con el bufete después de asumir la Presidencia. El bufete no respondió.
