Año y cinco meses después de que el gobernador Yamil Arana inauguró la Institución Educativa ‘Oswaldo Ochoa Becerra’, en el municipio de Córdoba, dos fallos de tutela muestran todo lo que le faltaba a esa obra para estar lista: aún no tiene conexión eléctrica definitiva y sus baterías sanitarias siguen presentando graves problemas.
Desde su inauguración, el colegio ha dependido de una planta provisional, que inicialmente funcionaba cuatro horas diarias (entre las 9:00 am y la 1:00 pm) y, desde julio pasado, siete horas (de 7:00 am a 2:00 pm). Cuando esa planta no funciona, estudiantes y profesores deben continuar sus jornadas sin abanicos ni aires acondicionados, bajo temperaturas extremas.
En cuanto a los problemas de los baños, la Personería de Córdoba reportó cubículos sin puertas y señaló que algunos lavamanos habían sido fabricados con materiales “frágiles” y se habían “deteriorado rápidamente”.
Desde abril, además, el contratista puso en marcha un plan de seis fases para intervenir buena parte de las redes hidrosanitarias, después de identificar fugas, filtraciones y hasta aparatos sanitarios fijados erróneamente.
La Defensoría del Pueblo presentó una acción de tutela y en primera instancia la justicia amparó los derechos fundamentales a la educación y a la dignidad humana de los estudiantes y ordenó crear una mesa interinstitucional para buscar soluciones. Pero esa decisión no estableció tiempos concretos para ejecutar las obras. Eso cambió con el fallo de segunda instancia del pasado 19 de agosto del Juzgado Primero Promiscuo de Familia de El Carmen de Bolívar.
La jueza Mary Luz Barrios Trocha ordenó que la Gobernación de Bolívar, la Secretaría de Educación Departamental y la Alcaldía de Córdoba determinen, en un plazo de 15 días calendario y junto con los contratistas involucrados (Consorcio Infranorte 004, integrado por Constructora y Promotora AR SAS y GRP Constructores SAS), los mecanismos necesarios para realizar las adecuaciones.
Después tendrán 30 días adicionales para coordinar su ejecución. Todas las intervenciones necesarias para garantizar el servicio de energía y el adecuado funcionamiento de los baños no podrán tardar más de dos meses desde la notificación del fallo.
Consultado por La Contratopedia Caribe sobre las acciones emprendidas para cumplir la orden judicial, el gobernador Arana dijo que desde antes de los dos fallos de tutela el contratista había estado trabajando, sobre todo en solucionar los problemas de los baños, y que el principal obstáculo para conectar la escuela al sistema eléctrico había sido una millonaria deuda de la Alcaldía de Córdoba con Afinia, que ya tiene acuerdo de pago. Aunque los hechos narrados en la tutela muestran que además de la deuda municipal, hubo múltiples fallas en el trámite técnico a cargo del contratista.
”Si no inauguro, no hay presión para que el contratista termine las cosas. No podía mantener a los estudiantes en la infraestructura vieja, que tenía techos a punto de caerse”, le dijo Arana a La Contratopedia.
*Cofundadora de La Contratopedia Caribe.