Colombia dio un paso importante en la gestión del riesgo de desastres con la Ley 1523 de 2012, mediante la cual creó el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD). La norma estableció responsabilidades para los distintos niveles de gobierno y convirtió el conocimiento y la reducción del riesgo, junto con el manejo de los desastres, en procesos permanentes de política pública. En otras palabras, el país pasó de pensar los desastres como emergencias que había que atender, a entenderlos como riesgos que el Estado debía conocer, reducir y gestionar.
Sin embargo, cuando se observan las reconstrucciones de los grandes desastres de las últimas dos décadas, aparece una inconsistencia institucional difícil de ignorar. La velocidad con la que el Estado reconstruye parece depender demasiado del desastre, del territorio y del arreglo institucional que se construye después de cada tragedia. Providencia es el ejemplo de lo que sí puede hacerse. Después de que el huracán Iota destruyera buena parte de la infraestructura de la isla en noviembre de 2020, el Gobierno puso en marcha un esquema de reconstrucción que veinte meses después reportaba un avance superior al 90%.
En contraste, el Fondo Adaptación todavía hoy ejecuta proyectos asociados a la ola invernal de 2010-2011, con un indicador global de avance que se ubicaba en 82,7% en junio de 2026. No se trata de comparar tragedias, sino de preguntarnos por qué un Estado que ya había aprendido de emergencias anteriores, pudo reconstruir una isla en tiempo relativamente corto, mientras seguimos esperando obras asociadas a una emergencia de hace más de una década.
Mocoa ofrece un ejemplo todavía más difícil de entender. La avalancha de 2017 dejó una ciudad devastada y obligó a diseñar un programa de vivienda para reubicar a las familias afectadas. El proyecto contemplaba 1.209 viviendas y las primeras 300 fueron entregadas en 2018, pero las otras 909 se convirtieron en el símbolo de un Estado sin capacidad de ejecución. En 2024, siete años después de la tragedia, la UNGRD tuvo que firmar un nuevo contrato para reactivar y poder terminar el proyecto. La pregunta inevitable es: ¿qué ocurrió con los mecanismos de seguimiento, coordinación y aprendizaje institucional que debían impedir que una emergencia se convirtiera en la espera de casi una década para cientos de familias?
La existencia de leyes, fondos, sistemas y protocolos no garantiza por sí misma una buena gestión del riesgo. Las instituciones también tienen que aprender.
Cada desastre debería dejar algo más que infraestructura reconstruida: debería dejar mejores procedimientos, contratos más eficaces, mecanismos de seguimiento más fuertes y una capacidad estatal superior para responder al siguiente evento.
El terremoto que golpeó al país en 2026 ya plantea una prueba de enormes proporciones: el Gobierno estima preliminarmente que la reconstrucción de los daños materiales requerirá $24,5 billones para edificaciones y $5,5 billones para infraestructura, más de $30 billones en total.
La discusión no debería ser solamente cuánto costará reconstruir, sino cuánto tardaremos en hacerlo y qué aprenderemos mientras tanto.
No permitamos que la reconstrucción por el terremoto con epicentro en Chocó termine sumándose a la lista de obras inconclusas, contratos que deben rescatarse y comunidades que esperan más de una década para recuperar la infraestructura que perdieron.
Un desastre natural no siempre puede evitarse. Una reconstrucción institucionalmente deficiente, en cambio, sí.