La discusión por una nueva empresa que maneje los servicios públicos de la ciudad está siendo estudiada por el Concejo de Cartagena, la idea es crear un ente que se encargue de lo relacionado con el agua potable, alcantarillado y aseo. Esta empresa, que se haría con capital 100% público, me llena de terror. El solo hecho de pensar que algo tan importante para la ciudad quede en manos del gobierno de turno me deja los pelos de punta. Ya hemos tenido experiencias paupérrimas de gobernantes ineptos, corruptos e ineficaces. Que el destino de la recolección de basura y el líquido mas preciado para vivir sea definido por la persona que nos llegue a manejar cada 4 años no me da tranquilidad.
En la actualidad, el contrato que tiene Acuacar está vigente hasta el 2034, entonces ¿cuál es la necesidad de salir a improvisar o crear un nuevo ente que podría generar una superposición o interferencia con el funcionamiento actual? Soy una firme convencida de que la empresa privada hace las cosas mejor que las públicas. Recuerdo perfectamente el desastre que era el servicio del agua antes de que lo privatizaran. El líquido no siempre llegaba y cuando lo hacía no tenía la fuerza para salir por la ducha. Tengo memoria de mi adolescencia bañándome con el agua recogida en baldes. Las familias aprovechábamos cuando llegaba el preciado líquido para recogerlo en los recipientes que debíamos disponer para este fin. Tampoco era potable. Cuando salía por la pluma muchas veces arrastraba sedimentos y su color era amarillento.
También me pregunto cómo afectaría otra empresa nuestro bolsillo. El proyecto debe definir cómo se mantendrían dos estructuras administrativas con funciones parecidas. La nueva empresa deberá asumir responsabilidades técnicas, administrativas, comerciales y financieras. ¿Quién va a pagar todo eso? ¿Qué pasará con la experiencia acumulada y el talento humano especializado? ¿Qué pasará con la infraestructura que se ha ampliado con nuestro dinero?
¿Quién protege al gobernante de sí mismo?
Yezid Carrillo De La RosaEstoy de acuerdo con los representantes de sectores económicos, quienes han manifestado que “una decisión equivocada podría tener consecuencias que trasciendan una administración y afecten durante muchos años la competitividad, la calidad de vida y el desarrollo urbano”. Sustituir a Veolia y a Aguas de Cartagena por una nueva empresa manejada por el Distrito, no solo es un cambio de operador, es asumir una responsabilidad que requiere preparación, conocimiento y echar a un lado la experiencia adquirida estos años y la continuidad de proyectos estratégicos. Desde mi perspectiva esto sería un retroceso con un futuro incierto y peligroso. No conocemos los beneficios, riesgos y costos de una probable transición. Tampoco sabemos de estudios financieros, jurídicos o técnicos que justifiquen la decisión y garanticen la sostenibilidad de lo que proponen, y la viabilidad de un nuevo ente manejado por la Alcaldía. Con los servicios públicos no se juega ni se experimenta. Las dificultades existentes no justifican desmontar una estructura con más de 3 décadas de experiencia.