En una columna anterior examiné una paradoja del poder: las victorias sucesivas, el reconocimiento y el ejercicio de la autoridad pueden transformar progresivamente al gobernante. Colombia ofrece hoy una oportunidad inmejorable para continuar esta discusión.
La experiencia de Gustavo Petro deja una paradoja difícil de ignorar. Después de décadas de exclusión y persecución de sectores de la izquierda, Petro llegó al poder reivindicando, además de la justicia social, la transparencia, las instituciones democráticas y la Constitución vigente; sin embargo, terminó su mandato en medio de graves escándalos de corrupción, enfrentamientos con distintos contrapesos institucionales y promoviendo una asamblea constituyente para transformar el orden constitucional que durante años había defendido.
El Dobierno de Abelardo De La Espriella apenas comienza y sería injusto anticipar su desenlace. Ha reiterado su compromiso de la lucha contra la corrupción y el respeto por las instituciones democráticas; sin embargo, la anunciada legislación antiterrorista y una política de seguridad, que fortalece la capacidad coercitiva del Estado, exigen controles rigurosos para garantizar los derechos humanos y evitar abusos.
Petro y De La Espriella representan proyectos ideológicos profundamente diferentes, aunque construidos alrededor de liderazgos fuertemente personalistas y con rasgos populistas. No pretendo equipararlos ni afirmar que recorrerán el mismo camino. La cuestión es otra. Si el poder puede transformar al gobernante, independientemente de su ideología: ¿Quién protege al gobernante de sí mismo?
Los arquitectos del constitucionalismo moderno comprendieron mucho antes que las neurociencias la fragilidad humana y nuestra inclinación a abusar del poder. Madison lo sintetizó magistralmente en ‘El Federalista’ N° 51: “Si los hombres fueran ángeles, ningún gobierno sería necesario”. El problema, por tanto, no consiste en encontrar gobernantes moralmente perfectos, sino en construir instituciones capaces de limitar a seres humanos necesariamente frágiles y equívocos.
Las instituciones democráticas pueden entenderse, entonces, como una formidable tecnología de contención del gobierno. Dividimos el poder para que nadie pueda poseerlo completamente. Creamos elecciones para recordarle al gobernante que es transitorio; jueces, para decirle que también él está sometido al derecho; oposición, para enfatizarle que no representa a todos; prensa libre, para formular las preguntas que preferiría no escuchar; y organismos de control, para advertirle que ganar elecciones no lo convierte en infalible.
El problema es que el poder tiende a reducir progresivamente las voces que contradicen a quien lo ejerce: produce silencios, atrae aduladores y puede alimentar la peligrosa convicción de que el éxito electoral demuestra que siempre se tiene la razón. Precisamente por eso la democracia necesita voces incómodas.
El constitucionalismo democrático no promete gobiernos perfectos. Promete algo más modesto: hacer más difícil el abuso del poder. Las buenas constituciones no confían en encontrar gobernantes virtuosos; procuran limitar incluso a quienes están convencidos de serlo, porque la democracia comienza a peligrar no solo cuando un gobernante se considera imprescindible, sino cuando una sociedad empieza a creer que no puede vivir sin aquel.
*Profesor Universitario.